Elementos de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, en coordinación y colaboración con personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y autoridades capitalinas, detuvieron a tres integrantes de una banda de secuestradores que operaban en varios municipios del Valle de México, así como diversas delegaciones del Distrito Federal.
Alejandro Gómez Sánchez, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó que se trata de Miguel Ángel Juárez García y/o Miguel Ángel Soto Jiménez, de 46 años de edad; Florencio Vidal Barrera Ortega, de 69 años, e Hilaria Alicia Campos Rodríguez, de 58 años.
El Procurador mexiquense dijo que la detención del líder de este grupo criminal fue posible gracias a la coordinación entre la PGJEM, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, y se llevó a cabo en inmediaciones del hospital de La Raza, cuando este sujeto presuntamente pretendía cobrar el rescate para liberar a la víctima que tenían en cautiverio.
Una vez asegurado, este individuo dio información sobre la ubicación de la casa de seguridad en la que se encontraba la víctima, por lo que elementos de la Procuraduría de Justicia mexiquense implementaron el operativo de rescate.
En la forma de operar en estos secuestros, destaca que los probables responsables videogrababan a las víctimas cuando éstas eran objeto de agresiones verbales, físicas y sexuales, para posteriormente enviar estos videos a las familias y con esto hacer presión para generar los pagos de rescate.
En tanto que Barrera Ortega, también tienen antecedentes penales por homicidio, delito por el que estuvo recluido en el Penal de Cuautitlán.
La persona señalada como el presunto líder de este grupo delictivo, fue presentada ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Unidad de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR.
Los otros dos detenidos, quienes son esposos, quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común, quien ejercitó acción penal en su contra, y fueron presentados ante la Autoridad Judicial para que sea determinada su situación legal, sin embargo se les presume inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
