La historia mexicana nos enseña que este país ha estado siempre dividido en liberales y conservadores.
Así aparecía en los libros de texto gratuito, en los que, como no queriendo, los liberales siempre eran los buenos y los conservadores eran los malos. Hubo personajes de los que esos textos de historia —en una materia que se llamaba Ciencias Sociales— decían que por distintas circunstancias habían estado con los liberales, pero luego se habían pasado con los conservadores. Como Antonio López de Santa Anna. Y había liberales moderados y liberales puros. Pero casi siempre los liberales eran los chipocludos, lo que habían construido este país.
Pues hoy me atrevo a sugerir que estamos otra vez en medio de una pugna entre liberales y conservadores. No confundir con neoliberales ni esas monsergas más bien económicas.
Me refiero a la Constitución de la Ciudad de México, que se promulgó el pasado 5 de febrero, y que acumula media docena de acciones de inconstitucionalidad. La presidencia de la república, el Senado, la CNDH, la PGR, Nueva Alianza y Morena se han pronunciado, por separado, contra el régimen de libertades y derechos que promueve la Constitución de la capital del país.
No existe, por cierto, una posición política absoluta: se puede ser liberal o progresista para algunos temas y conservador para otros. Así que cuando digo que hay un debate entre liberales y conservadores me refiero a quienes han promovido derechos que efectivamente no están contenidos en la Constitución General de la República han querido ir más allá, y quienes quieren conservar el estado actual de las cosas.
Lo contradictorio del caso es que todos los partidos, los representantres del presidente y del Poder Legislativo votaron por la Constitución que hoy impugnan.
Porque se acabó la clasificación de liberales y conservadores, pero la incongruencia de nuestros políticos está intacta.
