Derecho a la salud para todo sin distinciones

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La protección de la salud ha sido reconocida como un derecho humano y fundamental en los documentos de derecho internacional de los derechos humanos y constitucionales de diversos países, incluido México, por lo que su destinatario es todo ser humano y no admite distinciones, afirmó el consejero de la Judicatura del Estado de México, Joel Alfonso Sierra Palacios.

Foto Cortesía

Ante médicos, enfermeras, abogados y estudiantes, Sierra Palacios indicó que el derecho a la salud fue establecido por la Constitución mexicana en 1983, en la discusión sobre el proyecto de adición al artículo 4º se mencionaron diversas consideraciones que continúan vigentes, tales como que “la salud es responsabilidad del Estado” y que los servicios a proporcionar debían se homogéneos e igualitarios.

Durante su participación en las jornadas de Derechos Humanos que se llevan a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Toluca, el consejero de la Judicatura mexiquense agregó que para cumplir plenamente con el contenido de la salud era necesario atender los servicios de agua, drenaje, limpieza y medio ambiente, todos ellos entendidos como determinantes.

En 2003 –explicó el especialista- se inició el Sistema de Protección Social en Salud por medio del Seguro Popular, para establecer las condiciones de acceso al servicio de salud a todas las personas e incluyendo diversos aspectos sociales; sin embargo, dijo, no ha logrado sus objetivos por los obstáculos en su implementación, relacionados con el alto porcentaje de personas con escasos ingresos y la falta de coordinación entre entidades federativas y municipios para su concreción.

Consideró que en el País no se ha logrado “el alto nivel posible de salud física y mental” que establece el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que en 2012, de más de 117 millones de mexicanos, 53.3 millones se encontraban en situación de pobreza; 25.3 millones no tenían acceso a los servicios de salud y 71.8 millones no tenían acceso a la seguridad social.

Alfonso Sierra subrayó la necesidad de ejercer gasto público para la atención independiente de las personas con sida, con una infraestructura separada del resto de individuos enfermos; y con la posibilidad ineludible de que les sean suministrados los medicamentos retrovirales indispensables para la atención de ese padecimiento particular, para tratar de alcanzar la satisfacción del principio de “el más alto nivel posible de salud física y mental”.

   

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