El gobierno de la república sigue anunciando detenciones de ex funcionarios estatales, incluyendo gobernadores, por acusaciones de desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.
Ahora fue Gabriel Mendicuti, secretario de Gobierno de Roberto Borge, que fuera gobernador de Quintana Roo, por desvío de 534 millones de pesos.
Sin embargo, la detención no dice mucho pues en este caso y los otros tres de ex gobernadores y colaboradores son investigaciones en proceso y por tanto, no hay sentencia o castigo.
Incluso esto ocurre con Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, de quien se consiguió hace seis meses su extradición y hasta ha pedido amparos en contra una sentencia definitiva.
Dicho de otra manera, en el gobierno federal pueden seguir con anuncios se arrestos y traslados a penales de políticos que han causado daños a las arcas públicas pero, ¿de qué sirve si no les acreditan los delitos y menos exigen que la devolución de lo robado?. Es como señalar sin pruebas o actuar a conveniencia en la aplicación de la justicia.
