La Ejecución Penal es una nueva rama del Derecho que busca que se respeten y se eviten abusos de las garantías de las personas privadas de su libertad representando un cambio profundo en el sistema jurídico mexicano, ya que hasta ahora no era un proceso reglamentado, aseguró Miguel Sarre Iguíniz, integrante del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Durante su conferencia “Justiciabilidad de los Derechos en la Ejecución Penal” dictada en la Escuela Judicial del Estado de México, el también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, destacó que con la Ley Nacional de Ejecución Penal, la prisión se judicializa para que la figura de un juez especialista se haga cargo de la limitación, expansión o mantenimiento de los derechos de las personas privadas de su libertad.
Como parte de este nuevo ordenamiento jurídico -que entrará en vigor en todo el país a partir de noviembre y que se enmarca en la transición del sistema inquisitivo al de corte acusatorio oral- se busca que las personas que se encuentran cumpliendo una pena se reinserten de manera adecuada, a través de la práctica de diversas actividades que son supervisadas por un juzgador que, hasta antes de la reforma penal de 2008, no existían.
En la presentación del ponente al auditorio, conformado por colaboradores judiciales, personal de la Policía Procesal, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, jueces, magistrados y estudiantes de Derecho, el consejero de la Judicatura mexiquense, Marco Antonio Morales Gómez, destacó que Sarre Iguíniz es maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; fue tercer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y secretario técnico; además miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU en el periodo 2006-2010, entre otros cargos.
A través de la Ley Nacional de Ejecución Penal se plantea mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad mediante nuevas alternativas de justicia y de reinserción social, como parte de la legislación secundaria de la reforma penal.
