El supuesto espionaje que tendría lugar en México hacia periodistas y activistas debe ser investigado para corroborar el Estado de Derecho en este país.
Es decir, comprobar si el gobierno mexicano está actuando bajo el principio de legalidad así como de defensa de los derechos humanos y a partir de ello, desmentir al periódico más influyente del mundo, The New York Times, o asumir responsabilidades.
Ya no basta con que el gobierno federal salga y declare, a través de sus funcionarios, que no hay pruebas de espionaje. Tiene que rendir cuentas ante las acusaciones y los reclamos de los afectados que inmediatamente cuestionaron este proceder.
El espionaje no debe verse ni hacerse ver como un escándalo más en la presente administración federal pues su eventual presencia socava la libertad de expresión y el libre tránsito, al tiempo que promueve la persecución.
El espionaje es en parte resultado de la negligencia e ineficiencia del aparato gubernamental.
