La impunidad, a la que me refería en mi entrega de ayer, no es un asunto exclusivo del gobierno.
El gobierno sí tiene una mayor carga de responsabilidad, porque es la administración pública la que debe hacer cumplir la ley y las normas de convivencia, pero también es un asunto del mexicano de a pie.
La impunidad nivel ordinario es aquella que ya se ha vuelto cosa de todos los días.
Porque no se necesita cometer un delito y evadir el castigo para volverse impune. También se pueden cometer faltas menores, como las que ya se han convertido en un comportamiento tolerado.
Por ejemplo: los automóviles estacionados en doble fila en Paseo Colón a las afueras del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Ya nadie se toma la molestia de reclamar con un bocinazo y menos se reclama porque no sirve de nada. O los establecimientos de comida instalados sobre la calle de Urawa, a las afueras del Centro de Servicios Administrativos, que conllevan el estacionamiento de los vehículos de carga de los comerciantes. Ya nadie corrige un comportamiento irregular.
Y qué me dicen de los “trafitambos”, botes, huacales, piedras o palos colocados enfrente de docenas de negocios. O de los comerciantes que expenden comida, fruta, jugos, ropa, flores, árboles, y muchos productos más, en sus camionetas estraégicamente estacionadas en la vía pública, ahí donde estorben más —porque por ahí pasa mucha gente—.
Y no son funcionarios. Son mexicanos de a pie. Impunes, porque hacen lo que les viene en gana sin que ningún gendarme, inspector, funcionario o servidor público les diga “esta boca es mía”.
