Alrededor de 120 unidades de transporte público fueron retenidas durante los operativos implementados por la secretaria de movilidad (Semov), derivado del aumento arbitrario del pasaje del transporte público, asimismo aseguraron que dichos operativos no son una simulación y seguirán trabajando de manera permanente en la entidad.
Con la finalidad de apaciguar el descontento de la sociedad mexiquense, la dependencia estatal comenzó una serie de operativos en todo el territorio mexiquense diariamente y hasta que finalice la actual administración del gobierno de la entidad, aseguró Edmundo Ranero Barrera, Secretario de movilidad en el Estado.
Sin embargo, algunos usuarios del transporte opinaron, a través de las rede sociales, que los operativos fueron un simulacro para tratar de tranquilizar el descontento de los mexiquenses, por lo que secretaria de movilidad pidió comprensión ya que existen más de 300 mil unidades de transporte colectivo en la entidad.
“Yo pido a los usuarios que no nos desesperemos (…) por que los operadores son muchos, son más de 60 mil unidades que tenemos en el parque vehicular colectivo, además de 100 mil taxistas colectivos concesionados, no hay que dejarnos sorprender y no hay que desesperarnos” solicitó Edmundo Ranero.
Ranero Barrera informó que tras los operativos realizados el día de ayer (martes 21 de febrero) en distintos puntos de las cuatro zonas que conforman la entidad, retuvieron alrededor de 120 unidades que fueron enviadas al corralón de las cuales 20 pertenecen a la capital mexiquense.
Estos operativos se implementarán en próximos días en el municipio del Valle Bravo, Livianos y Coacalco hasta cubrir los 125 municipios de la entidad, donde se estará revisando toda la documentación vigente de los operadores, ya que se presentaron casos en que las unidades del transporte público no contaban con póliza de seguro para brindar protección a los usuarios.
Por otra parte, indicó que toda unidad debe contar con la pirámide tarifaria con sellos y firmas de las autoridades de la Semov y en caso de que los operadores falsifiquen un documento oficial podrían ser remitidos ante la Fiscalía General de justicia de la entidad.
