A partir de este viernes la cobranza extrajudicial es considerada un delito penal y federal que amerita cárcel y multas de hasta 300 mil pesos para quienes amenacen, condicionen o acosen a los deudores para la recuperación de créditos.
Así quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se publicó la reforma en materia penal referente a la cobranza extrajudicial, en donde ya entraron en vigor las penas de dos a cuatro años de prisión y multas que van de 50 mil a 300 mil pesos.
Además, serán agravantes si se utilizan documentos o sellos falsos, por lo que la pena y la sanción económica aumentarán en una mitad.
Para aquellos despachos que incurran en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el Código Penal Federal.
