Raymundo Guzmán Corroviñas, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados del Estado de México, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya requirió, tanto al gobierno mexiquense como a la propia legislatura, sus informes como parte del juicio de inconstitucionalidad que promovieron 29 legisladores locales por las reformas que despenalizaban la venta de alcohol a menores.
“Pedimos que declaren inconstitucional y por lo tanto, sin efectos, la despenalización de la venta de alcohol a menores porque afecta el interés superior del niño, pone en riesgo alrededor de cinco millones de niños y adolescentes”, dijo el panista.
Esta reforma al Código Penal del pasado mes de agosto, quitaba como delito el que se permitiera la entrada de menores a establecimientos que vendan bebidas embriagantes y lo establecían como una sanción administrativa.
Sin embargo, el artículo 204 de este ordenamiento legal establece que “al consumo de bebidas embriagantes, narcóticos o sustancias tóxicas, se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de doscientos a mil días multa”, al referirse de las personas que procure o facilite a un menor de estos productos.
“Si bien es cierto que existen sanciones administrativas, estos son solo para negocios establecidos y ya no habría sanciones penales para quien vendiera alcohol para menores en algún negocio o fuera de él”, exclamó el panista.
Guzmán Corroviñas aseguró que se ponen en riesgo más de 5 millones de jóvenes en el territorio mexiquense, lo que contradice los tratados internacionales que establecen que el Estado tiene la obligación de velar por el interés superior del niño.
El diputado espera que en 45 días la corte puede resolver este tema que no tienen precedentes en el país.
