Datos globales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) –adherida a la Organización de las Naciones Unidas- señalan que 55 por ciento de las víctimas de trata son hombres y 46 por ciento mujeres; 85 por ciento de ellas fueron llevadas de sus países de origen a otros para realizar trabajos forzados.
Lo anterior se dio a conocer durante el curso – taller “Fortalecimiento de las capacidades del Poder Judicial en materia de Trata de Personas desde una visión integral de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género”, impartido por la OIM a 34 jueces, magistrados y servidores judiciales en materia penal, civil y familiar.
Al realizar la apertura de los trabajos que se llevan a cabo durante tres días en la Escuela Judicial, el consejero de la Judicatura del Estado de México, Joel Alfonso Sierra Palacios indicó que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad trabaja de manera estrecha y continua con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, a fin de actualizar a los juzgadores en lo referente a las leyes internacionales sobre el tema y su aplicación en el ámbito local.
Los instructores: Mónica Elizabeth Salazar Salazar y Rogelio Quintero Díaz de León –ambos integrantes de la OIM- señalaron que la organización atendió durante 2015 a 7 mil personas, de las cuales el 74 por ciento fueron obligadas a realizar servicios y trabajos forzosos, 17 por ciento con fines de explotación sexual; además el 13 por ciento fueron menores de edad, un negocio que cada año genera alrededor de 150 mil millones de dólares en el mundo.
Gran parte de los casos de trata están ubicados en Europa (36%), Sureste de Asia (23%) y el Oeste de Asia (12%); señalaron que en adición a los casos de explotación sexual y trabajos forzados, existe el matrimonio forzado o la extracción de órganos.
El curso-taller es impartido a integrantes de juzgados y salas del tribunal mexiquense con el objetivo de comprender los conceptos básicos y marcos normativos vinculados al tema, conocer los antecedentes legislativos, estudiar dicho fenómeno en su relación con otros, fortalecer las capacidades jurídicas, así como su impacto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; todo a través del análisis de casos, debate y un diálogo abierto.
Los instructores señalaron que las autoridades jurisdiccionales tienen un reto por su complejidad, ya que en muchas ocasiones la víctima no identifica que es sujeto de trata de personas; además de que deben detectar otros factores como el engaño, condiciones sociales y hasta familiares.
