Independientemente de que México se vea obligado a cumplir con el TLCAN y tenga presiones por parte de Estados Unidos para contener la frontera sur, está obligado a tutelar la protección de los derechos humanos laborales adquiridos por un inmigrante.
En materia de migración, es necesario replantear el marco jurídico, con el fin de priorizar los derechos fundamentales de todo ser humano, independientemente de su nacionalidad, pues sin importar su calidad migratoria, todos los trabajadores del mundo deben gozar de las prestaciones adquiridas a través del derecho natural laboral, sostuvo la profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, María de Lourdes González Chávez.
La universitaria indicó que el Estado mexicano debe procurar la justicia y la equidad, sin romper el equilibrio entre los factores de producción y los derechos adquiridos por los trabajadores inmigrantes, independientemente de su calidad migratoria. Así, se debe proteger como bien jurídico prioritario la tutela de los derechos adquiridos por estos trabajadores inmigrantes.
En este contexto, aseveró que el flujo de transmigrantes, integrado por aquellas personas que se internan en el territorio nacional con el propósito de llegar a un tercer país, principalmente Estados Unidos, creció en las últimas dos décadas y se estima que el número de indocumentados asciende a casi 200 mil personas por año.
La autora del trabajo de investigación “El trabajo migratorio de indocumentados en México”, que comparte con la especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, Gabriela Beatriz González Gómez, consideró necesario priorizar los bienes jurídicos por tutelar que están en juego a la luz del fenómeno migratorio irregular, con la finalidad de reconstruir el marco jurídico que regula, entre otros aspectos, la situación de los inmigrantes que sin autorización legal realizan un trabajo en México.
Lo anterior, dijo María de Lourdes González Chávez, permitirá proteger los derechos humanos laborales adquiridos por los trabajadores y establecer sanciones para los patrones que los contraten en situación irregular, además de establecer penas privativas de la libertad para quienes se dedican al tráfico de personas y quienes se encargan de ingresarlos a México de forma ilegal.
Concluyó que independientemente de que México se vea obligado a cumplir con el TLCAN y tenga presiones por parte de Estados Unidos para contener la frontera sur, está obligado a tutelar la protección de los derechos humanos laborales adquiridos por un inmigrante que, sin autorización legal, se desempeña como trabajador en territorio nacional o bien, ingresa en tránsito con la finalidad de trabajar en Estados Unidos o Canadá.
