Para lograr que las víctimas de algún delito o violación grave a los derechos humanos confíen en las autoridades y reciban un trato digno, es indispensable que los responsables de su atención muestren gran sentido humano, que comprendan que las personas sufren y por ello requieren empatía y respeto, afirmó Verónica Martínez Solares, investigadora y responsable del programa para América Latina de la organización internacional consultiva para las Naciones Unidas.

En presencia del titular de la Codhem, Baruch Delgado Carbajal y de la Presidenta del Colegio de Abogados y consejera ciudadana del organismo, Luz María Consuelo Jaimes Legorreta, dijo que los sistemas de justicia deben evitar ver sólo los hechos y no el dolor de las personas, porque al victimizarlas se afectan muchas esferas.
Aseguró que la violencia cuesta hasta el 12 por ciento del Producto Interno Bruto de una nación y causar serias afectaciones a nivel social, en tanto que atender a las víctimas puede solucionar muchos problemas y tener una comunidad saludable, incluyente, solidaria y una economía creciente, destacó.
El buen trato, agregó, genera que la víctima confíe, que hable, que no caiga en crisis y genere una mejor sanación en su proceso, además de ahorrar tiempo en los sistemas de justicia penal, y lo más importante es que se preserve el derecho a la dignidad, por eso los gobiernos deben tener mínimos instrumentos para auxiliarla, ya que a nivel mundial sólo es atendido el 30 por ciento.
Señaló que es de suma importancia y pocos países han implementado el cuidado al personal que las atiende, para evitar el fenómeno conocido como síndrome vicario, del quemado o de burnout, pues quienes trabajan en contacto directo con las víctimas todo el tiempo escuchan historias trágicas, de agresión y dolor ajeno, lo cual se acumula y lo hacen suyo, causando estragos en su salud y en su convivencia.
Destacó que en la vida cotidiana de las y los ciudadanos, los derechos humanos son el mejor instrumento de prevención, lo que se traduce como el derecho que tienen todas las personas para no ser víctimas de delitos y cuando ello ocurra, que existan los mecanismos para reclamar.