La obligatoriedad de los dispositivos para determinar el nivel de alcohol presente en el organismo de una persona, alcoholímetros, contrarrestarían la competitividad de las 30 mil unidades económicas en el estado que permite la venta de bebidas alcohólicas.
Según comenta el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (ASBAR) en el estado de México, Patricio González Suárez, la medida que pretende la Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) ocasionaría la fuga empresarial, pues el costo de cada uno de estos dispositivos oscila entre los 15 mil y 20 mil pesos.
En este sentido, no descarta que la obligatoriedad del uso de los alcoholímetros en bares, principalmente, y restaurantes, obedezca a algún compromiso que favorezca a una empresa en particular.
“No van a funcionar para lo que realmente quieren y nosotros creemos que pudiera ser un negocio de una empresa, y es un negocio bastante grande porque si son alrededor de 30 mil negocios que necesitarían este aparato en el Estado de México y cada aparato cuesta, en promedio, 15 mil pesos, estamos hablando casi de cuatrocientos millones de pesos”.
Además, argumenta que el uso de estos dispositivos en algunos negocios de los municipios, mismos que solicitaban la obligatoriedad de esta norma como Metepec, Naucalpan, Ecatepec y Huixquilucan, es casi nulo y su utilidad es para competir entre los clientes para saber quién es el más alcoholizado y no para prevenir accidentes que deriven de abuso del alcohol.
Pidió a las autoridades estatales replantear la norma que pretendía ser instaurada desde 2016 y dar mayor prioridad a otros programas como el de “consumo responsable, pues a su parecer, esta medida sí ha dado resultados, además de reconocer la disposición de los empresarios para el bienestar de la población.
Al mismo tiempo reconoció el trabajo de los meseros, quienes hacen la recomendaciones pertinentes, o incluso dejan de ofrecer bebidas, pese a la molestia que esto ocasione, a los clientes que se encuentren en un estado inconveniente.
Añadió que la norma impulsada por la COPRISEM no contempla la obligatoriedad de los clientes para disponer de este dispositivo, por lo que su adquisición en los 30 mil negocios estatales no daría los resultados esperados.
