70 años de prisión a secuestradores

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Siete sujetos detenidos en el año 2015 por Agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, fueron condenados a 70 años de prisión, luego de que el Representante Social de esta Institución acreditó su participación en el delito de secuestro.

Con los elementos de prueba recabados y aportados por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), un Juez del Distrito Judicial de Toluca determinó condenar a Juan Luis Quincosa Valencia, Víctor Manuel Valencia López, Silvina López Delgado, Leonel Aniceto Maldonado, José Guadalupe Hernández Nava, Moisés Antonio Ramiro Toledo, y María de Lourdes Francisco Longino, por estos hechos.

El ilícito se registró en el mes de junio del año 2015, cuando la víctima se encontraba afuera de un taller mecánico ubicado en el municipio de Calimaya, y al lugar arribaron cuatro sujetos quienes viajaban a bordo de un vehículo con cromáticas de taxi.

Estos individuos sometieron al hombre, por la fuerza lo subieron al vehículo de transporte público y lo trasladaron a un inmueble ubicado en el poblado de Santa María Totoltepec, en el municipio de Toluca, en donde se encontraban sus cómplices.

Posteriormente, los secuestradores se comunicaron con los familiares de la víctima, a quienes les hicieron saber que lo tenían secuestrado y por su liberación exigieron una suma económica.

Derivado de ello, la familia de este hombre denunció los hechos y Policías de Investigación se encargaron de realizar diversas diligencias que permitieron ubicar el inmueble donde mantenían privada de la libertad a la víctima, por ello fue desplegado un operativo que dio como resultado la liberación de ésta, así como la detención de estas siete personas.

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en donde quedaron a disposición de un Juez, autoridad que previo proceso legal, les dictó la sentencia respectiva y les fijó multas de 409 mil 680 pesos, y 40 mil pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

 

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