La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la 60 Legislatura estatal acordó elaborar el dictamen correspondiente al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal y Municipal correspondiente a 2017, cuyo análisis ya concluyó, para remitirlo la siguiente semana a la Directiva de la Legislatura.
En presencia de Fernando Valente Baz Ferreira, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), el diputado Tanech Sánchez Ángeles (morena) preguntó por qué los hallazgos y las observaciones realizadas por el OSFEM son enviados a los mismos funcionarios públicos señalados por incumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, como los contralores internos, los secretarios de los ayuntamientos y los directores de Desarrollo Económico.
Preguntó si es coherente que si el OSFEM detecta contralores municipales que no acreditan la competencia laboral, promueva ante ellos mismos los hallazgos y recomendaciones de desempeño.
El secretario de la comisión, diputado Edgar Armando Olvera Higuera (PAN), preguntó al auditor superior sobre el monto de las observaciones resarcitorias a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), así como las principales observaciones en obra pública en los municipios, como los proyectos pagados no ejecutados, los costos y calidad de las obras y los desvíos de recursos públicos de fondos federales etiquetados.
El prosecretario de la comisión, legislador Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), preguntó si las auditorías se hicieron a los 125 municipios y criticó el grado de confiabilidad de la información de los ayuntamientos, ya que la realidad no coincide con lo reflejado en los informes.
En su intervención, el diputado Adrián Manuel Galicia Salceda (morena) preguntó si el OSFEM citó a los funcionarios estatales y de la UAEM por el posible desvío de recursos señalados en el artículo periodístico nombrado ‘La Estafa Maestra’ y si el órgano halló alguna de las irregularidades mencionadas en la Cuenta Pública de 2017, en tanto que su compañero de partido, Gerardo Ulloa Pérez, solicitó conocer cómo se deciden las auditorías especiales para los municipios.
El diputado Miguel Sámano Peralta, coordinador parlamentario del PRI, solicitó información de los principales rubros revisados en las auditorías financieras, el rubro con mayor incidencia de observaciones y los fondos que más se fiscalizan de los recursos federales.
Su compañera de bancada, diputada Lilia Urbina Salazar, cuestionó las medidas que ha implementado para verificar el cumplimiento de los requisitos relacionados con la competencia laboral de los servidores públicos municipales, así como el impacto de las evaluaciones en materia de mejora regulatoria y los resultados de las evaluaciones en materia de protección civil.
El legislador Juan Carlos Soto Ibarra (PES) pidió información sobre el destino de los recursos resarcitorios, quién los maneja, el curso y su destino; la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) preguntó sobre las auditorías especiales realizadas a los municipios y pidió reforzar códigos y reglamentos en materia de procesos licitatorios, pues aseguró que “ahí es donde se da la corrupción”.
En presencia también del diputado Dionicio Jorge García Sánchez (morena), al responder a los diputados, el auditor superior subrayó que el envío de hallazgos y recomendaciones a los servidores públicos municipales es de acuerdo a lo marcado por el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de México y Municipios y sugirió una modificación a la ley para que se establezca alguna responsabilidad a los contralores que no den seguimientos a las observaciones de tipo normativo y que se vean reflejados en sus propios informes.
Detalló que en el rubro de obra pública hubo 64 observaciones con un monto de 62 millones de pesos, entre las cuales se encontraron 11 observaciones de obras pagadas no ejecutadas por dos millones de pesos, 33 observaciones en precios unitarios por un millón 300 mil pesos, tres en retenciones no realizadas por 247 mil pesos, tres en desvíos de recursos de fondos federales por dos millones de pesos, siete inconsistencias financieras en obra por 53 millones de pesos y siete incumplimientos en etapa de ejecución y comprobación de gasto de obra por dos millones de pesos; añadió que sí se hizo una auditoría de obra a la UAEM, de la cual surgieron observaciones.
También indicó que, aunque se auditan los 125 municipios, las auditorias se programan de acuerdo con indicadores basados en conceptos como presupuesto de egresos modificados, deudas a corto y largo plazo, última periodo auditado, nivel de solvencia, entre otros, aunque si la comisión ordena alguna auditoria especial a algún municipio en específico, ésta tiene prioridad para realizarse.
Agregó que la mayor incidencia de observaciones en auditorías financieras es en el pago de nómina y servicios personales, los cuales son también los rubros más revisados, e indicó que los fondos federales que más se revisan son el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el Ramo 28.
Sobre el impacto de mejora regulatoria aseguró que se ha revisado la implementación de apertura rápida de empresas, y en materia de protección civil destacó las recomendaciones relacionadas con los atlas de riesgos. Indicó que solo 20 % de los municipios revisados han tenido una evaluación.
Explicó que los recursos resarcitorios se canalizan a las arcas municipales y estatales o, en su caso, a la Secretaría de Finanzas estatal; respecto a ‘La Estafa Maestra’, indicó que el OSFEM revisa los recursos federales ejercidos por el estado y los municipios, y que lo señalado en el artículo periodístico involucra fondos federales ejercidos por la Federación.
El auditor superior indicó que el OSFEM realizó 482 actos de fiscalización en el ámbito estatal, que sumados a los municipales dan un total de 12 mil 280 actos de fiscalización, y aseguró que de los 600 servidores públicos que laboran en el órgano, 352 son auditores y 288 de estos están certificados.
Informó que de las observaciones resarcitorias, los municipios más señalados fueron Chimalhuacán, con 410 millones 340 mil pesos; Ecatepec de Morelos, 332 millones 910 mil pesos; Cuautitlán Izcalli, 287 millones 195 mil pesos; Toluca, 100 millones 884 mil pesos, e Ixtapan de la Sal, 98 millones 785 mil pesos.
