A un año de la desaparición forzada de estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; urge el senador mexiquense de la República Alejandro Encinas a la necesidad de fincar responsabilidades en contra de funcionarios a cargo de la indagatoria oficial quienes dijo desarrollaron un caso que mantienen estos hechos en la impunidad.
Refirió que el informe que dieron a conocer los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en evidencia el nivel de corrupción, y descomposición, dentro de las instituciones públicas.
«Lo que muestra este informe es que las autoridades locales y federales ocultaron información, alteraron las escenas del crimen y el seguimiento de los hechos».
Con ello argumento en el sentido de que las nuevas evidencias hechas públicas como la existencia de un quinto autobús, el cual habría sido escoltado por la propia policía, muestra que todas las autoridades involucradas tuvieron información oportuna cuando ocurría la desaparición.
«El hecho de que el C4 centro de comunicación de Seguridad Pública del estado hubiera informado a las autoridades desde el momento en que salieron los muchachos de Chilpancingo, su arribo a Iguala y que haya reportado de los nueve puntos donde sufrieron agresiones implica que tenían información», lamentó.
Estos datos, dijo, «evidentemente» estaban en manos del gobierno federal y la Procuraduría General de la República abriendo la posibilidad a que haya más información oculta, incluyendo el paradero de los jóvenes.
«Hay información posterior, con esa información deben ubicar donde están los muchachos».
Con ello advierte la necesidad de fincar castigo a quienes por omisión o falta de voluntad mantengan este caso como hasta ahora, al referir que a la fecha de los 120 detenidos no están identificados como autores materiales.
Además de que el ex alcalde José Luis Abarca está preso no por la desaparición de los jóvenes sino por otro delito, es decir no se le ha fincado ninguna responsabilidad por Ayotzinapa.
«Se derrumbó la hipótesis de que fueron incinerados en el relleno de Cocula, lo que implicaría en caso de corroborarse que el ADN del identificado ahí mismo fue sembrado, se tienen que fincar responsabilidades a todos los involucrados», afirmó.
La Fiscalía Especial anunciado para el nuevo seguimiento del caso, dijo, contará con todo el apoyo del Senado a fin de que la demanda de los padres sea atendida.
