De acuerdo con el análisis al escenario político del actual gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, este se encamina a la centralización del poder ante la falta de contrapesos que limiten las acciones y decisiones del tabasqueño, así lo considera el comentarista y especialista en Políticas Públicas por la Universidad de Oxfor, Leo Zuckemann.
Durante la conferencia que presentó en el Centro Cultural Toluca, ¿Hacia dónde va el federalismo mexicano? señaló que de los siete posibles contrapesos que pudieran limitar las acciones del actual gobierno federal de México, los mercados; el flujo de capital, es el único que pudiera hacerle frente al poder de Andrés Manuel López Obrador, pues ni el Congreso, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los organismos autónomos, los estados y municipios (federalismo) las ONG’, Sindicatos, Cámaras de Comercio o medios de comunicación ni los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Canadá; en ese entonces el TLCAN, muestran la fortaleza para encarar al gobierno de la 4T.
En el caso de los municipios y los estados prevé una re configuración del federalismo mexicano con un nuevo pacto que debilitaría a estos dos órdenes de gobierno lo que permitiría centralizar el poder en la figura presidencial.
«Para empezar. Empieza a haber una reconfiguración política en las gubernaturas del país y en segundo lugar está el tema que tiene que ver mucho con el federalismo de qué tanto los gobiernos de los estados se pueden enfrentar al gobierno federal cuando el 84.4 por ciento de los ingresos que tienen los gobiernos de los estados vienen de fondos federales”, cuestionó.
Por otra parte, ve un escenario complejo en materia de seguridad, pues si bien mencionó que este nuevo gobierno heredó fuertes problemas en la materia, así como el tema de corrupción y crecimiento económico que debilita el Estado de Derecho, las acciones para revertir el panorama a seis meses de la administración se han centrado en fortalecer a las policías con la Guardia Nacional, sin tomar en cuenta a los fiscales, jueces y cárceles para garantizar la aplicación de la justicia y disminuir los índices de impunidad que, de acuerdo con el informe publicado por la Unidad de las Américas de Puebla, el Jenkins Graduate School y el Centro de Estudios contra la Impunidad y la Justicia, hasta 2018, México encabezaba la lista en América Latina.
