La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y la Red Internacional Famecom A. C., revisarán y actualizarán la normatividad para la detección de VIH-SIDA, a fin de que sea acorde a las condiciones que viven las personas privadas de libertad, informaron el ombudsperson Jorge Olvera García y el presidente de la asociación civil, Luis Alfonso Guadarrama Rico.
Si bien la asociación ya trabaja en el tamizaje para detectar el VIH-SIDA y el año pasado aplicó la prueba a seis mil internos de cinco centros preventivos y de reinserción social de la entidad, este 2019 trabajará en coordinación con la Codhem y las jurisdicciones sanitarias del Programa de Prevención de VIH-SIDA del estado de México, a fin de presentar el proyecto a la Secretaría de Seguridad estatal para asegurar el respeto a los derechos humanos de los internos, detalló Jorge Olvera García.
El convenio específico de colaboración entre ambas instituciones incluye la realización del curso de actualización profesional “Entender el VIH-sida. Impacto en los Derechos Humanos en México”, dirigido al servidores públicos que atienden y capacitan a personas con VIH-SIDA e instituciones involucradas en el tema.
Al respecto, el presidente de la Red Internacional Famecom, Luis Alfonso Guadarrama Rico, detalló que la importancia de conocer a profundidad la transmisión del VIH-SIDA en los distintos grupos clave como son los hombres y mujeres trabajadoras sexuales, usuarios de drogas y personas privadas de libertad, con el objetivo de proteger sus derechos humanos y particularmente su derecho a la salud.
Asimismo, se revisarán las normas de pre-consejería, pruebas rápidas para detectar el VIH y post-consejería, ya que están elaboradas para aplicarse en personas libres, pero quienes están privadas de libertad viven otras condiciones y por tanto, tienen que adaptarse, “probablemente sea el Estado de México a través de la Comisión, el primero en ventilar que hay una propuesta de actualización de esa norma a las condiciones y realidad que se vive en los penales por parte de las personas privadas de la libertad, hombres y mujeres.”
Detalló que la consejería debe ser en privado, cara a cara y en un lugar cerrado, sin embargo en el caso de los internos no puede garantizarse porque están los custodios presentes, por tanto, se hace manera masiva.
Comentó que la entrega de resultados debe ser en privado, no obstante, los custodios los están vigilando e incluso acompañan al o a la interna al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del VIH-SIDA e ITS (CAPACITS) cuando acude por los retrovirales; mientras que la postconsejería y distribución de insumos de prevención la ejecuta el personal del centro penitenciario y no los especialistas, para evitar la introducción de objetos prohibidos.
Cabe indicar que el convenio específico, deriva del convenio general de colaboración signado en octubre de 2018 con el propósito de establecer las bases para el intercambio de experiencias científicas, académicas y culturales, así como acciones conjuntas para la protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.
