El gobierno del estado tiene una buena cantidad de pendientes. Y no me refiero al cúmulo de asuntos que tienen que ver con el estado de bienestar que debería procurar a la población a la que sirve. No, no me refiero ni al agua ni a la electricidad. Tampoco a la educación y a las carreteras, sino a los 17 mil millones de pesos que de 2011 al 2014 están en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno mexiquense. La mitad de esa lana corresponde a 8 mil 563.2 millones de pesos, señalados dentro del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.
No es cualquier cosa. La Auditoría Superior de la Federación indica que estos montos implican “un probable daño patrimonial” a los recursos federales.
Mucho se presume la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública de oficio. Pero lo que indica el informe de la ASF es que en los estados y los municipios prevalecen los manejos irregulares. Desvíos, falta de controles, indebidas transferencias, cuentas concentradoras, prácticas que son contrarias a la transparencia (que de hecho la impiden).
Por si eso fuera poco, en el caso específico del gobierno del estado de México registra un Índice de Desempeño del Gasto Federalizado menor al promedio nacional. Es decir, peor que el promedio nacional, lo que por sí solo habla de carencias.
Que además de todo refuerzan la idea de que la corrupción impera en los gobiernos y en los altos funcionarios.
