El diputado Max Correa Hernández se pronunció para que la Comisión de Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) reconozca como trabajo profesional el que desempeñan los más de 5 millones de jornaleros agrícolas que laboran en México, quienes en su gran mayoría son integrantes de pueblos originarios del país.
En su ponencia impartida en el Foro “Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del Trabajo”, que se realizó en el Senado de la República, el dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC) señaló que los trabajadores del campo deben obtener un salario que les permita adquirir cuatro canastas básicas para sostener dignamente a su familia, y contar con prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones, seguridad social, entre otras, de las que actualmente no gozan.
Tras señalar que la actual situación laboral de los jornaleros es muy similar a la que los mexicanos vivían en tiempos del Porfiriato, Correa Hernández afirmó que este grupo social se encuentra desperdigado en las tierras agrícolas de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, “y por supuesto Baja California y Baja California Sur, quienes junto con sus familias se contratan en las peores condiciones salariales y laborales que paradójicamente rinden millonarios dividendos a empresas – en su mayoría transnacionales -, que exportan sus productos a Estados Unidos y Europa”.
Resaltó que los jornaleros del Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada Baja California, son un caso emblemático de este tipo de explotación laboral en México, por ello se pronunció para que el Gobierno de la 4ª Transformación atienda la recomendación 02/7017 de CNDH, y recordó que el Senado, a través de Gerardo Novelo Osuna del grupo parlamentario de Morena, presentó exhortos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en el contexto de sus atribuciones atienda las demandas de los trabajadores agrícolas, en especial en el Valle de San Quintín.
Asimismo, el legislador mexiquense de Morena afirmó que ha llegado el momento de reconocer en nuestra Constitución los “Derechos de la naturaleza”, y los límites de los estilos de vida sustentados en la visión ideológica del progreso antropocéntrico, para aceptar que la naturaleza debe ser reinterpretada y revisada íntegramente si no queremos poner en riesgo la vida del ser humano en el planeta.
“Considero que es necesario destacar en los propósitos de la Organización Internacional del Trabajo superar la visión antropocéntrica y reconocer en su actuación los derechos de la naturaleza, y hacer todo lo posible por hacer valer los derechos de los pueblos originarios y tribales en materia laboral como lo señala la parte tercera del convenio 169 de OIT sobre contratación y condiciones de empleo, y particularmente en lo relacionado a la gestión de sus territorios bajo las formas de respeto a los derechos de la naturaleza, que en su mayoría tienen estos pueblos en su relación con la madre tierra”.
Finalmente advirtió que la función impuesta desde hace 500 años “a nuestra América Latina como exportadora de naturaleza, es decir de materias primas, incluida la mano de obra, permitió el desarrollo de Europa y Norteamérica a costa de la pobreza de nuestros pueblos y la destrucción de nuestros territorios… y en casos extremos la desestabilización política y el golpe de Estado como sucedido con Evo Morales Ayma en la República Plurinacional de Bolivia, para extraer el litio, materia prima estratégica del siglo que viene”.
