Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, informó que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Medina Peñalosa, ha solicitado cinco mil millones de pesos para el 2020.
Esto luego de que el pasado martes, la Jucopo se reuniera con el Presidente Magistrado donde este último explicó los motivos por los cuales estaban solicitando este incremento de mil 600 millones de pesos, respecto de lo que se les aprobó para este 2019 y en comparación con el proyecto del Presupuesto de Egresos que envió el ejecutivo estatal significa un aumento de mil millones.
Al respecto, el coordinador de Morena consideró que esta propuesta no tiene sentido.
«Pero habría que revisar finalmente si se justifica porque si lo que se quiere es recuperar niveles salariales nos parece que es un tema en el cual tendríamos una posición distinta que tiene que ver con gastos, en virtud de que si algo se trata de controlar es el capítulo mil», destacó.
Y es que el Poder Judicial ha justificado que el próximo año deberá atender las nuevas facultades para conocer y resolver los asuntos de justicia laboral donde necesitarán abrir, en principio, cinco juzgados en la materia.
Agrega que otro aspecto que argumentan es que en la Constitución estatal se establece que el Tribunal Superior de Justicia no podrá recibir menos del 2 por ciento del Presupuesto estatal; sim embargo, Hernández González advirtió que se debe definir a que se refiere la norma, si se trata del total del presupuesto que no tiene p solo a los ingresos locales.
Dijo que este porcentaje no tendría sentido ya que del presupuesto estatal de 300 mil millones de pesos, el 80 por ciento es participación federal y viene etiquetado.
Maurilio Hernández dijo que ese fue el único tema que se tocó y que tienen varios pendientes como el exhorto para reponer el procedimiento para elegir jueces, la controversia constitucional por el recurso que les quitó el año pasado e iniciativas pendientes como lo es la que refiere a que la elección del presidente magistrado sea cerrado.
