En materia de derechos políticos, en México las mujeres siguen siendo una mayoría vulnerable, pues pese a los avances legislativos que iniciaron en 1953 cuando se les concedió el derecho al voto con acciones afirmativas como esa y otras, que derivaron en la paridad de género en las candidaturas, corresponde a los jueces, más que a los legisladores, darle sustancialidad, «a golpe de sentencias», a los derechos políticos y humanos como fundamento del Estado constitucional.
En el conversatorio laboratorio de ideas dedicado al tema «Democracia paritaria», los investigadores y juristas Manuel González Oropeza y Rafael Estrada Michel presentaron un repaso del libro Hacia una democracia paritaria. La evolución de la participación política de las mujeres en México y sus entidades federativas, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Gonzáleza Oropeza, investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex magistrado del TEPJF y uno de los coautores de la obra, se refirió al trabajo del tribunal que, dijo, ha garantizado en su misma integración los derechos políticos de las mujeres y ha hecho acciones afirmativas flexibles en algunos de los casos relativos a la paridad de género que ha resuelto.
El especialista dijo que no corresponde a los legisladores definir dónde inician y terminan los derechos políticos y humanos con normas generales y abstractas, sino a los tribunales, porque la protección de esos derechos es una cuestión que tiene que ser definida por los juzgadores, quienes son los intérpretes de orden legal y responsables de definir la solución de asuntos concretos de enfrentamiento de derechos.
Aseguró que las mujeres en México son una mayoría en condición de vulnerabilidad y la importancia de que tengan representación en los órganos de poder y autoridad radica en que puedan presentar y defender, con voces acreditadas, los puntos de vista pertinentes para el género, a fin de que disfruten a planitud tanto de los derechos políticos y humanos, como de los que se desprenden de estos.
Rafael Estrada Michel, director general del Instituto de la Judicatura Federal, se refirió especialmente a la famosa sentencia de la Sala Superior del TEPJF de 2011 -relativa al caso de las «juanitas»-, en que se pronunció por la legitimación del proceso en cuanto al respeto a la paridad de género y al hecho de que no se debe tener necesidad de un interés directo -un agravio personal y directo- para darle sustancialidad a la paridad de género.
Asimismo, en la sentencia se elimina la excepción de los procesos democráticos a la cuota de género, en respuesta a la simulación de elecciones internas en los partidos de las que surgían candidatos en lugar de candidatas, y se obligó a postular propietarios y suplentes del mismo género, de tal suerte, resumió el jurista, que a golpe de sentencias se han ido garantizando los principios que van marcando y dando fundamento al Estado constitucional.
En sus comentarios, el presidente de El Colegio Mexiquense, César Camacho, expuso que la ley es un instrumento de la justicia y no fin en sí misma; las acciones afirmativas en la legislación electoral relativas a la paridad de género, acotó, han buscado implantar valores socialmente compartidos a golpe de voluntad para generar una conciencia que haga evolucionar a la socidad.
Expresó su deseo de que las acciones afirmativas, que fuerzan de algún modo el comportamiento y la reacción ciudadana, dejen de ser necesarias, pues, además, aceptó, no pueden hacerlo todo.
Más que obligar a la sociedad a que asuma la representación paritaria de hombres y mujeres, añadió, debe impulsarse un cambio cultural que permita, por la acción misma de los electores, la presencia protagónica de todos en los órganos de representación, como muestra fiel de la composición social en el estadio superior de una sociedad más justa y equitativa.
