Organizaciones de la sociedad civil y la dirigencia estatal de Morena en el estado de México demandaron al gobernador, Alfredo Del Mazo y al secretario de Movilidad, Raymundo Edgar Martínez Carbajal, cancelar el aumento a la tarifa de transporte público masivo recientemente aplicado en la entidad en tanto no ofrezcan alternativas de transporte seguro, digno y sustentable a sus usuarios.
En conferencia de prensa en Ecatepec, señalaron que es “inaceptable” que el gobierno del estado de México aumente las tarifas del transporte público sin delimitar previamente un plan con plazos y medidas concretas que se enfoque en una ambiciosa transformación de este sector para ofrecer alternativas para una movilidad eficiente.
“Este aumento no tiene justificación. Actualmente el transporte público en el Edomex es de los más caros en el país y que ofrecen la peor calidad. Las precarias condiciones bajo las que opera, hacen que millones de usuarios tengan que viajar en condiciones de inseguridad, exponiéndose a la delincuencia, y padeciendo hacinamiento de un servicio ineficiente”, señaló Dante Álvarez Jiménez, de Metrobus “Toluca Ya”, al explicar que esto se debe al anticuado e ineficiente esquema de concesiones “hombre-camión”.
En ese contexto, Carlos Samayoa, responsable de temas de movilidad en Greenpeace México lanzó a nombre de la organización ambientalista un reto al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo para que durante durante un día realice sus traslados en transporte público y se ponga en los zapatos de los millones de mexiquenses que a diario tienen que hacer uso de él.
“Este ejercicio podrá darle una nueva perspectiva de la realidad que se vive en la entidad que gobierna, y que actualmente nos permite afirmar que el transporte en el estado de México mata”, dijo Carlos Samayoa, al establecer como plazo máximo para recibir la respuesta del mandatario, el próximo viernes 7 de febrero de 2020.
Greenpeace señaló que un plan de mejora de transporte público debería incluir mínimamente 13 medidas, las cuales son esenciales para comenzar a ver mejoras y cambios que permitan hablar de una verdadera movilidad sustentable en el mediano y largo plazo.
Entre ellas destacan: establecer corredores estructurados con rutas alimentadoras, carriles exclusivos, estaciones accesibles y un entorno seguro con énfasis en un diseño con perspectiva de género; crear un sistema de tarifas integrado que pueda usarse en los diferentes modos de transporte público y tarifas preferenciales para grupos vulnerables de población, así como diseñar un programa para reducir en al menos 80% los delitos que ocurren dentro del transporte público al término de la actual administración de gobierno.
“El incremento a la tarifa mínima del transporte público ha generado un descontento social entre los usuarios. Esta medida sin fundamento, no garantiza un mejor servicio. Los más afectados son estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, que no cuentan con una tarifa preferencial, trato digno ni infraestructura que permita el acceso a las unidades del sistema”, señaló Alejandro Hernández Hernández, coordinador General de Intégrate Project.
Recordó además que la inseguridad es uno de los principales problemas en este sistema, pues según datos de la Secretaría de Movilidad del estado de México, tan sólo durante el primer cuatrimestre del 2019, se cometieron 25 asaltos con violencia diariamente. Esto sin mencionar los casos de acoso y secuestros que se presentan a bordo de las unidades. Además, el prolongado tiempo en trayectos menores a 20 kilómetros entorpecen las actividades económicas.
En su oportunidad, Diana Bobadilla Martínez, presidente de la Función Xihmai, advirtió que actualmente, el uso del transporte público, consume entre el 20 y el 40 por ciento de los ingresos de cada usuario y aún así se autorizan los aumentos que vulneran los derechos de los ciudadanos e incrementan la desigualdad.
Por su parte, la secretaria General de Morena en el estado de México, Luz Ma Hernández, señaló que el incremento de 20 por ciento al transporte público que autorizó el gobierno estatal afecta la economía de seis millones de mexiquenses, que utilizan día a día este servicio.
Por otra parte, las estrategias de seguridad han sido incapaces de reducir la incidencia delictiva en el transporte público, que va desde tortura psicológica, asaltos, que en muchos casos terminan en homicidios.
