La Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la 60 Legislatura mexiquense, presidida por la diputada Karina Labastida Sotelo (morena), aprobó el texto actualizado de la convocatoria pública para elegir a los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
El documento, leído por la diputada Maribel Martínez Altamirano (PRI), secretaria del órgano parlamentario, establece que el Consejo estará integrado por un familiar de personas desaparecidas por cada una de las ocho regiones del estado (centro, oeste, noroeste, norte, este, sureste, noreste y nornordeste); dos especialistas de prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos con conocimientos en búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la ley (garantizando que uno de los especialistas lo sea en materia forense), y tres representantes de la sociedad civil de derechos humanos con experiencia en el tema.
Los aspirantes deberán el enviar la documentación requerida del 22 al 26 de junio, al correo electrónico comisionespecial@cddiputados.gob.mx.
Entre estos documentos, los aspirantes deberán presentar copia certificada del acta de nacimiento, un escrito dirigido a la Comisión en el que manifiesten no haber sido sancionados en algún procedimiento administrativo o penal por violaciones a derechos humanos y no haber sido miembros o afiliados a ningún partido político durante los cuatro años anteriores a la emisión de la convocatoria. También, un escrito expresando las razones por las que desean integrar el Consejo, así como cartas firmadas donde manifiesten su voluntad de participar en el proceso de selección y donde asienten que no son servidores públicos.
La lista completa de documentos se podrá consultar en la convocatoria, la cual se publicará en dos diarios de mayor circulación de la entidad, además de en la Gaceta del Gobierno, el 17 de junio.
Una vez publicada, se iniciará la etapa de recepción de documentos, que la Comisión podrá revisar los días 29 y 30 de junio y, posteriormente, informar, en una reunión en pleno, el nombre de las personas que cumplieron con todos los requisitos.
Luego de ello, detalló la diputada Karina Labastida, los días 6 y 7 de julio se llevarán a cabo las entrevistas a los aspirantes que cumplieron con los requisitos; el día 8, en privado, la Comisión integrará la propuesta de integrantes del Consejo, y a más tardar el 10 de julio se dará a conocer, públicamente, el nombre de los aspirantes seleccionados, para que rindan protesta a partir del 21 de julio, en una fecha que definirá la Jucopo.
Cabe señalar que la convocatoria fue publicada originalmente el pasado 12 de marzo, sin embargo, estando vigente el plazo para la entrega y recepción de los documentos, la Junta de Coordinación Política y la presidencia de la Directiva de la Legislatura emitieron los lineamientos para atender la contingencia sanitaria y aplicar las medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud para prevenir el contagio de covid-19, por lo cual, en la sesión de este día se dio continuidad al proceso para integrar el citado consejo, aprobando una convocatoria con nuevos plazos.
En la reunión de trabajo celebrada a distancia en acatamiento de las medidas impuestas por la contingencia sanitaria, la diputada Brenda Escamilla Sámano (PAN) advirtió que las más de 61 mil personas desparecidas en México demuestran que la desaparición forzada en un tema que no puede esperar y que requiere acciones y la participación de todos, mientras que la diputada Maribel Martínez afirmó que este servirá como un canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones.
Por otro lado, las y los integrantes de la Comisión aprobaron además convocar a una reunión virtual a las titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía General de Justicia, así como a un representante de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, para analizar el proyecto para la operación de los recursos para la atención de las Alertas de Violencia de Género.
Karina Labastida recordó que se destinaron 185 millones de pesos para este propósito, de los cuales 100 millones fueron etiquetados para la atención de las alertas por feminicidio y 85 millones para las de desaparición. De éstos, 70 millones serán para el trabajo de las comisiones de Atención a Víctimas y de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía, y los otros 15 millones para los municipios alertados.
También se acordó llevar a cabo una reunión, el 22 de junio, con representantes de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, del Poder Judicial, de la Fiscalía General de Justicia, de los cabildos municipales, de los colectivos y del Mecanismo de Seguimiento a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, instancias que integran, junto con la Comisión Especial legislativa, el Comité Técnico encargado de revisar la legislación estatal en materia de desaparición forzada, a fin de armonizarla, actualizarla y evitar cualquier situación que atente contra las mujeres.
Finalmente, la diputada informó que no será necesario reformar la Ley de Desaparición ni la de Contratación Pública del Estado de México para otorgar a la Comisión de Búsqueda atribuciones para usar, de manera urgente, los 15 millones de pesos del Fondo para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, debido a que la secretario de Justicia y Derechos Humanos se encargará de modificar el reglamento respectivo, para que la adjudicación sea directa y se puedan utilizar los recursos de manera rápida.
La diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) pidió que la Comisión esté atenta para evitar que se haga un mal manejo de estos recursos, aspecto en el que coincidieron las legisladoras Brenda Escamilla y Juliana Arias Calderón, quienes pidieron transparencia en este aspecto.
