La internet es, efectivamente, una vía de comunicación directa y efectiva entre los los administradores públicos —vulgo, gobernantes—, los funcionarios y servidores públicos, y la sociedad. Las redes sociales, en lo particular, tienen esta característica, a la que se suma la conformación informal de una suerte de observatorio de las actividades gubernamentales.
Pero más allá de la conversación, los laics, favoriteos, retuiteos, preguntas e interacción presentes en la internet, se trata de un soporte que puede utilizarse como herramienta de la tan sobada planeación democrática.
Más que “platicar” con algún servidor o funcionario público, al arriba firmante le gustaría que se abriera la posibilidad de participar en la toma de decisiones, incluso en el entendido de que decidir sobre los recursos públicos y sobre los programas es una facultad gubernamental.
La posibilidad de decidir sobre una partida determinada destinada a una colonia, un barrio o un pueblo —y hasta un municipio y una entidad federativa— se antoja más trascendente y relevante que una decisión tomada desde un escritorio, en el que se ignoran muchas cosas sobre las necesidades y anhelos reales de los habitantes de ese pueblo, colonia o barrio.
Y sí, lo digo porque en algunos lugares en México y el mundo ya se practica esta forma de elaborar los presupuestos públicos. De este modo, la conversación en internet y las redes sociales sí tiene repercusiones reales y materiales.
