La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , Olga Sánchez Cordero, admitió a trámite la demanda que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se invalide una reforma que prohíbe que se conozca el contenido de las averiguaciones previas que realiza la Procuraduría General de la República.
Como primera medida, la ministra emplazó a las dos cámaras del Congreso de la Unión y al presidente de la República , Felipe Calderón, para que respondan a la demanda atenta contra el derecho a la información que oculta el proceder del ministerio público, y, en especial, de los funcionarios que traicionan a la sociedad en la lucha contra la delincuencia.
El presidente de la comisión, José Luis Soberanes, promovió un juicio en contra de dicha reforma pues también impide que la CNDH realizar su labor de protección a los derechos humanos que otorga nuestra Constitución por las autoridades administrativas.
Se reformó el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales para establecer que las actuaciones de la averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido. Dichos criterios enfrentaron al IFAI con la PGR , la cual se negaba a dar a hacer públicas las averiguaciones previas.
