Armados con una cacerola y una cuchara y al grito desesperado “abrimos o morimos”, patrulleros, meseros, cocineros, derroteros, proveedores, propietarios de restaurantes y pequeñas fondas exigieron a las autoridades que se les permita abrir los establecimientos de manera limitada pero con la oportunidad de volver a generar recursos para las más de 300 mil familias que viven de esta industria a nivel estatal.
El movimiento se llevó a cabo de manera simultánea en la Ciudad de México y el municipio de Valle de Bravo solicitando igualdad de condiciones para los prestadores de servicios de alimentos, ya que mientras los negocios formales acumulan más de cinco meses cerrados, el comercio informal sigue operando sin restricciones.
“No se puede seguir castigando a la economía formal a costa de la falta de control de otras actividades. Si se trata de volvernos ambulantes, de vender en la calle para poder trabajar, no dude ni un instante que lo haremos”.
En el territorio mexiquense 6 de cada 10 establecimientos del sector son familiares y el 55 por ciento de quienes lo integran son mujeres por lo que el llamado es a redefinir las acciones para evitar el cierre prolongado de negocios relacionados al sector.
Laura, anfitriona en un restaurante del Valle de Toluca indicó que tiene meses sin recibir sus ingresos completos, descansando 3 y hasta 4 días por semana y sin ningún apoyo de la autoridad, por lo que solicitan los medios para llevar sustento a sus familias y operar en la legalidad.
