Diputados del PRI, PAN, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, aprobada por unanimidad de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 59 Legislatura mexiquense, ubicará a la entidad, si el Pleno también la avala, a la vanguardia en el combate a las estructuras criminales conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En reunión presidida por el diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz (PRI), señalaron que el nuevo ordenamiento propuesto por el gobernador Eruviel Ávila Villegas permitirá eficientar el combate a la delincuencia mediante un procedimiento expedito y eficiente con apego a las garantías constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y de audiencia.
El legislador Roberto Sánchez Campos (PRI) señaló que el objetivo de esta ley es que los juicios tengan efectos universales y no sólo en el ámbito civil, y que los bienes enajenados sean destinados a una actividad social para fines culturales y recreativos.
También fortalece a las instituciones de seguridad y justicia, además de que beneficia a las víctimas del delito, agregó en presencia del subprocurador de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Germán Castillo Baunet.
En su oportunidad, el diputado Víctor Hugo Gálvez Astorga (PAN), presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justica, destacó que este ordenamiento dotará al Estado de instrumentos jurídicos adecuados, al establecer las reglas para el ejercicio de esta acción, es decir los requisitos de procedencia, preparación, desahogo de pruebas y plazos.
El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jacobo David Cheja Alfaro, indicó que los delitos que se cometen en inmuebles, en la mayoría de los casos son con el desconocimiento de sus propietarios, por lo que “debemos salvaguardar sus derechos”.
En este sentido, subrayó que se buscó no dejar en estado de indefensión a los arrendadores de inmuebles ante abusos de confianza, mala fe o incumplimiento de contratos.
Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Aquiles Cortés López, indicó que esta ley será una herramienta muy útil para que el Estado debilite a las estructuras criminales, sin trasgredir garantías constitucionales.
Agregó que integra instrumentos para consolidar el derecho a favor de las víctimas u ofendidos del delito, lo que se traduce en la posibilidad de ser resarcidos de los perjuicios causados en sus bienes jurídicamente tutelados sin que sea necesaria a plena acreditación de la responsabilidad penal del inculpado.
En su momento, el legislador Raymundo Guzmán Corroviñas (PAN) propuso que en el texto se integre la figura de Fiscalía General en lugar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Entre otros aspectos, la Ley de Extinción de Dominio, remitida al Pleno para su votación definitiva, establece instrumentos jurídicos que se aplicarán de manera supletoria al procedimiento, la administración y regulación de bienes, las excepciones respecto a los bienes en los que no procederá, la facultad del Ministerio Público para que, desde la preparación de la extinción de dominio, pueda decretar alguna de las medidas cautelares previstas en la propia ley y no solo en el procedimiento penal.
También dispone que las medidas cautelares podrán ser decretadas por el juez en cualquier etapa del procedimiento, además de dos tipos de audiencia, la inicial y de juicio, y que los bienes pertenecientes al núcleo ejidal o comunal sean susceptibles de extinción de dominio.
Este ordenamiento abrogará la Ley de Extinción de Dominio vigente promulgada en noviembre de 2011.
