Tras modificar y reformar el Código Penal del estado de México para tipificar y sancionar a quien sustraiga y se apropie de agua potable de la infraestructura hidráulica, o bien, que restrinja su flujo destinado al suministro de los usuarios, el diputado local Daniel Andrés Sibaja González, aclaró que estas sanciones están dirigidas concretamente a grupos de lo que llama “huachicoleo” de agua.
“este tema partir de la reforma código penal va a tener sanciones establecidas de 3 a 6 años, y si, hicimos un hincapié en cuidar que no sea a los ciudadanos comunes, o que no haya gente inocente, eso sí muy importante, respetando la presunción de inocencia, pero las penas si son claras, son penas administrativas y penas ahora sí que penales de 3 a 6 años, a la gente, a los grupos que se encargan de robar agua”.
La sustracción ilegal del agua para después venderla a través de pipas, se convirtió en un problema serio, principalmente en los municipios de las zonas metropolitanas, ya que al ser sustraída de las redes de agua, el flujo de la misma disminuye hacia las casas de los ciudadanos, y esa agua que debía llegarles a través de la red, les llegaba después por medio de pipas, a quienes les debían pagar por lo que en apariencia era un servicio privado.
“el agua es de todos y mientras no hay agua en la red, la gente ve todos los días pipas fuera vendiéndose, según los cálculos de diversos autoridades un mercado que llega más de mil millones de pesos, y la verdad es que tenemos que utilizar la Ley para justo corregir esos errores, y que no haya más robo del agua porque repito el tema el agua, el agua es vida, entonces imagínense al menos en mi municipio más de 6 mil personas sin agua, pues es un tema muy delicado, mientras ellos no tienen agua por la red, hay gente que les vende el agua a diestra y siniestra”.
En el caso específico del valle de México, al iniciar a tratar el tema, el diputado detalló que se encontró con diversas trabas burocráticas, ya que los gobiernos federal y estatal no se hacían cargo, y los municipios no tienen la capacidad para resolverlo.
“Ese es el tema, entre los niveles diferentes de gobierno, se echaban la bolita(…) el gobierno federal me decía: es que oye, eso a mí no me corresponde; el gobierno estatal me decía: es que a mí no me corresponde; y el municipio me decía: yo no tengo la capacidad; es un tema que nos pusimos de acuerdo, es muy importante recalcar que está iniciativa sale con el visto bueno de la Fiscalía, sale con el visto bueno del secretario de Seguridad, y sale que el visto bueno de una mesa técnica y política que hicimos porque de nada sirve reformar la ley sino se puede aplicar”.
La vigilancia para evitar que exista robo de agua ahora es responsabilidad del gobierno estatal al reformarse el Código Penal estatal, puesto que ya estaba tipificado a nivel federal, pero la sustracción de agua es de estructura Estatal y municipal.
