Desde 2019 se reforzaron diversos artículos constitucionales para la existencia de la paridad de género en cualquier puesto de elección, incluidas las autoridades auxiliares.
De acuerdo con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral falta perfeccionar la Ley 3 de 3 contra la violencia, donde se extienda no solo a quienes aspiran, sino a quienes ya ejercen un cargo público.
Los tres tipos de violencia de género que más afectan a las mujeres y son los que impiden a las mujeres acceder a un cargo de elección popular.
Aunadona ello, otro tema pendiente, es tener un registro público de violentadores de Género.
También falta legislar en favor de grupos históricamente discriminados para su representación real y efectiva en diputaciones locales y federales.
Sin embargo en el caso de las acciones afirmativas en favor por ejemplo de loa Pueblos Originarios, ya no basta la autodeterminación, ya que el Tribunal aprobó la figura de ‘Auto adscripción calificada’, es decir que de alguna demuestre que efectivamente pertenece a un grupo originaron, sentencia originada tras haberse registrado aspirantes a estas acciones afirmativas que no pertenecían a alguno de ellos.
Recordó que en 2018 se implementaron acciones afirmativas en favor de estos 7 grupos (indigena, afroamericana, discapacidad, juventudes,), sin embargo, hay muchos interesados que se autodescriben dentro de estos grupos sin serlo.
Aunado a lo anterior, se debe incrementar del 3 al10% el presupuesto destinado a la capacitación de las mujeres para el ejercicio de actividades relacionadas con el ejercicio de cargos donde exista la toma de decisiones.
Finalmente refirió que se debe contar con una Defensoria Publica de Mujeres, al interior del INE, a efecto de garantizar los derechos político electorales de las mujeres.
