Educación con Rumbo informó que el Poder Judicial federal admitió un recurso de amparo para que sea revisada la aplicación de la prueba piloto en 960 escuelas públicas del país sobre el nuevo plan educativo del Gobierno federal, esto debido a que la organización lo considera inconstitucional.
Los días pasados se informó que en el Estado de México serán 30 escuelas ubicadas en 24 municipios las que se prevé participen a partir de octubre en dicho pilotaje del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, es decir, el nuevo modelo educativo para el ciclo escolar 2023-2024.
La organización detalló que el amparo fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el expediente 1436/2022. Agregó que el recurso plantea además que el programa piloto es discriminatorio.
Educación con Rumbo explicó que el amparo formó parte de la estrategia para garantizar el derecho humano de los niños a la educación y a la igualdad.
La organización informó que este amparo lo encabeza el abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz. Al respecto, Educación con Rumbo refirió que dicho personaje resaltó que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad por lo cual afirmó que el Programa Piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación.
Por una parte, refirió, Educación con Rumbo, un modelo para 960 escuelas públicas que no cuenta con la autorización del Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación en términos de la Ley General de Educación, y otro, para el resto de escuelas públicas y privadas.
Refirió que el abogado sustentó que no existe justificación constitucional ni legal para que la SEP únicamente implemente el plan piloto en escuelas públicas.
De ahí que la organización considera que el modelo que se aplicará a los niños de esas 960 escuelas públicas debe revisarse por discriminatorio, además de tratarse de un modelo “prueba-error”, lo que calificó de experimental y por ende, inconstitucional.
