De acuerdo con Miroslava Carrillo Martínez, auditora del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 provocó suspensiones en las actividades de diversas instituciones, lo cual impidió el flujo de información de las cuentas de los entes auditables, entre ellos la Universidad Autónoma del Estado de México, de quien la semana pasada se dio a conocer por la Comisión de Vigilancia del Osfem sólo ha solventado una de 20 observaciones de su cuenta pública correspondiente a 2019.
“Hay que considerar que en el año 2020 es cuando se audita el ejercicio fiscal 2019, y tuvimos varias suspensiones de periodos por los cuales no fluyó de manera tan pronta la información por el tema del Covid que no podíamos abrir las puertas a todo el personal; vamos a dar cuenta del estado que guarda cada una de las auditorías en nuestro informe de gestión que estará preparado para finales de este año, entonces, para saber hasta esa fecha tienen todavía tiempo las entidades para la entrega de la información”.
Refirió que sí por alguna circunstancia no solventaron en la etapa correspondiente las observaciones realizadas, se pasaría al área de investigación, y hasta ese momento se debe guardar reserva de Ley para no perjudicar procedimientos, pues en este momento la entidad fiscalizable es la responsable ya que aún no se determina a un presunto responsable aún, lo cual le corresponde al área de investigación.
“Esa circunstancia es muy importante valorarla porque no fuimos la única institución que suspendió plazos, suspendió el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia, todos nos tuvimos que acoplar y casi nos llevamos un año sin recibir información y entonces esos procesos pues se están reponiendo para que al derecho de la institución convenga, así hacerlos valer”.
Según la auditora superior, el proceso puede parecer tortuoso por el tiempo que ha pasado, sin embargo, recalcó que en 2020 se auditó el 2019 y ahí hay un de desfase, pues así lo indicaba la Ley y posterior con la pandemia un año y medio con el tema Covid fue hasta a finales de 2021 que fluyó la información por lo que todavía las entidades fiscalizadas como la propia Universidad, tienen 120 días para que se pueda emitir un dictamen.
