Hay una respuesta negativa de las autoridades estatales, en las visitas a los Centros Penitenciaros y de Reinserción Social del Estado de México, ponen muchas trabas y seguiremos insistiendo, porque debe haber apertura ante la crisis penitenciaria que se vive en los penales y de lo apremiante, que desde la Legislatura se puedan hacer algunas modificaciones legales y concertar con el gobierno del estado, el poder ejecutivo y con el poder judicial, enfatizó el presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Ariel Juárez Rodríguez.
“Vamos a insistir en que tiene que haber apertura, señaló el legislador, no vamos a hacer ningún tipo de entrevista con las PPL, son quienes se acercan y nos piden, denuncian porque peor ya no pueden estar y más ahora que se está considerando que los no sentenciados puedan votar, hay un trasfondo electoral, aseguró, porque una PPL no sentenciada si puede votar, a diferencia de los sentenciados, aunque ambos están privados de su libertad, entonces hay una discriminación, aunque estén privados de su libertad”.
Y reiteró, hay un trasfondo electoral, en que las PPL no sentenciadas pueden votar, porque hoy ante la incapacidad del PRI-PAN-PRD de poder repuntar en las encuestas, ya ni juntos suman, quieren utilizar todo lo que se encuentra a su alcance porque se espera una contienda muy apretada.
El diputado local de Morena, acusó “quieren aplicar a los legisladores la ley, aunque ellos son los principales que no cumplen con la norma ni con la ley, nos dan calidad de desconocidos porque no saben cuál es la función de la Comisión Legislativa, hay un oficio de por medio, que limita inclusive que los diputados y los asesores podamos entrar”.
Y refirió, según sus limitantes no podemos hablar con las Personas Privadas de la Libertad (PPL), no podemos hablar con los directores, el recorrido es el que ellos marcan, nos ponen horario y una serie de trabas, no vamos a aceptar las condiciones que ponen el Subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel, el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez y el director general de Prevención y Reinserción Social, Jaime Echartea.
El sistema penitenciario del Estado de México, es el más grande del país, con una población penitenciaria de cerca de 34 mil personas, en 22 centros, cuya capacidad es para 13 mil, por ello, la relevancia de constatar las diversas denuncias de familiares de las Personas Privadas de la Libertad.
Y recordó que, las visitas se llevarán a cabo derivado de la gran cantidad de denuncias, solicitudes, peticiones y revisar el sistema penitenciario, y ante la problemática de que quizás el 50 por ciento de las PPL, sean falsos culpables, perjudicados por abogados que simulan su defensa.
Reiteró, que el Sistema Penitenciario estatal es una bomba de tiempo, por las denuncias de violaciones a derechos humanos, corrupción, falta de condiciones adecuadas, tanto de higiene, como de salud, así como el hacinamiento en los centros penitenciarios, aunado a las extorsiones a familiares para ingresar a visitar a las PPL.
“Sabemos por los propios familiares que tienen celdas de castigo, que quienes meten las drogas, los chips, los alimentos, todo tiene un costo a criterio de los custodios, por indicaciones de sus superiores, los reclusorios se han convertido en una fábrica de dinero, no solo para los que controlan los dormitorios, sino quienes son garantes de que no haya un motín en los penales, son quienes garantizan la estabilidad en un reclusorio”.
Tenemos entendido que en estos espacios circula, cocaína, piedra, marihuana, solventes, y a poco todo eso no lo saben los directores de los penales. Al final con permiso o sin permiso, vamos a hacer lo conducente, seguiremos insistiendo y no vamos a permitir que nos pongan condiciones que ellos no son capaces de cumplir, porque la ley aplica igual para todos.
Y concluyó, o me atienden por las buenas o hago que me atiendan a través de las distintas formas que tenemos, para que nos abran las puertas de los penales. Porque, tal pareciera que la Comisión que presido, no tiene razón de ser, de acuerdo a autoridades de seguridad.
