Una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito propone que los recursos inactivos de cuentas bancarias no se queden en los bancos, y que mejor se destinen a operaciones de la seguridad pública del país.
Esta reforma plantea que por cada cuenta sin movimiento durante tres años, a partir de que se deposite en la cuenta global, 540 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, aproximadamente 51 mil pesos, se destinarán a la beneficencia pública, a lo que el diputado local Francisco Santos, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas en la legislatura local, consideró que se tiene que transparentar el destino de los recursos.
“Bueno yo creo que está bien que sea transparente, porque tampoco se lo deben de quedar los bancos, pero no creo que sea el mecanismo que están decidiendo de manera unilateral, creo que habría que hacerlo más mixto, que tuviera otro uso ese dinero y que se transparentara de cuánto dinero estamos hablando, y a quién le llega, y luego que se rindieran cuentas de qué se hizo con ese dinero, al final de cuentas ese dinero no es dinero público”.
Para el diputado sería interesante que no impusieran una decisión de este tipo, porque si bien es una ley federal que no le corresponde a la Cámara local, sería positivo que se les tomara en cuenta.
Por otra parte, adelantó que ante la inflación que está cerca del 10%, harán un trabajo profundo por lo que se comenzaron a reunir con personal del instituto hacendario y del Igecem, así como con diputados de la Comisión de Planeación y Gasto Público de la propia Cámara instalar una mesa de trabajo para resolver la agenda desde ya.
