Los diputados de la LXI Legislatura aprobaron adicionar el artículo 199 bis al Código Penal del Estado de México, propuesto por José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de justicia del estado de México, para sancionar a quién obligue por medio de la violencia a comprar, obtener o adquirir bienes, insumos, mercancías, o servicios; o bien que obliguen a vender a personas o comercios específicos sus bienes, insumos, mercancías o servicios.
De acuerdo con el dictamen leído por el diputado presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, esta reforma, también alcanza a quienes obliguen a fijar en una localidad o región, un precio de productos o servicios por encima de los precios del mercado; lo anterior para prevenir y sancionar conductas delictivas que atentan directamente en contra de la economía de la población.
“Es oportuno precisar que al responsable de este delito se impondrá de 6 a 10 años de prisión, y de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como que son circunstancias que agravan la penalidad de este delito, y se sancionarán además de las penas señaladas en el párrafo anterior, con las siguientes: si en la comisión de este delito participan dos o más personas, se impondrán de 3 a 5 años de prisión, y de 500 a 800 días multa; cuando la comisión de este delito él o los sujetos activos se ostenten y o identifiquen como miembros de alguna asociación o grupo delictivo, se impondrán de 7 a 15 años de prisión y de mil 300 a 2 mil de días multa; y cuando el delito sea cometido por alguna persona que tenga el carácter de servidor público, se impondrán de 8 a 20 años de prisión, y de mil 500 a 2 mil 500 días multa”.
En el análisis y estudio técnico se concluyó que las leyes se deben ajustar a la realidad, por lo que el artículo 199 bis, estará inserto en el capítulo primero denominado ‘Delitos contra el Consumo’, y así serán tipificados, dentro de los ‘Delitos contra la Economía’; y con ello, lograr que no sean los comerciantes quienes sean criminalizados.
Esta modificación abona para que se pueda contar con elementos para enfrentar y detener este tipo de conducta delictiva, la cual violenta la libertad y la integridad de comerciantes y consumidores finales, ya que estos últimos resienten el alza de precios en productos básicos.
