Esta semana la cerramos con la noticia de que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta proveniente de la bancada de Morena. Esta consiste en que, quien insulte al presidente de la república pagará cuatro mil 150 pesos. Algo similar ocurrirá con quienes injurien a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces, integrantes del Congreso de la Unión y legislaturas locales, así como a agentes, generales y coroneles en el desempeño de sus funciones.
Tal parece que los legisladores no tienen asuntos más importantes que tratar en beneficio de la nación y en correspondencia con las problemáticas del país o que quieren quedar bien con el mandatario mexicano, a quien curiosamente, a raíz del anuncio, le han llovido las ofensas, críticas y señalamientos de parte de periodistas y opositores, en las redes sociales.
Los diputados no calcularon las consecuencias inmediatas de su medida y tampoco lo hacen a largo plazo pues propios y extraños, incluidos desde luego los medios de comunicación lo ven como un ataque a la Libertad de Expresión.
Claramente, lo que los legisladores estarán buscando es que se respete la investidura presidencial y la del resto de los cargos de primer nivel en los Poderes de la Unión pero la pregunta es qué se ha hecho para construir el respeto o para ganarlo.
