Es importante revisar en el Congreso del estado de México sobre la aplicación de sanciones tanto administrativas como penales a servidores públicos que obstaculicen, retrasen o entorpezcan la procuración de la justicia por negligencia u omisión en casos de feminicidio.
Así lo consideró la fiscal para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) Dilcya García Espinoza de los Monteros.
Esto, en contexto de la sentencia emitida la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el feminicidio de Mariana Lima Buendía pues después de casi 13 años, se castigó a su agresor y también esposo, con 70 años de cárcel ya que en 2010 la entonces Procuraduría Mexiquense avaló la declaración sobre un suicidio de la joven.
Detalló que ciertas conductas prescriben en el lapso de un año, aunque también contó que se han dado circunstancias donde la Fiscalía estatal ha logrado encarcelar a ministerios públicos y peritos que han obstruido la acción de la justicia.
En ese sentido, consideró importante reunirse con legisladores y legisladores con el fin de hacer una revisión a ese aspecto.
Recordó los casos de feminicidio en el estado de México de Rosa Ariana Suárez Padilla y de Bárbara Reyes Muñiz, donde refirió hubo sanciones para ministerios públicos y una sentencia contra servidores públicos.
