La administración federal que iniciará funciones el próximo uno de octubre, se encontrará como primer reto el atender el estado deficiente en que se encuentran el sistema de salud, educación, la seguridad y el mal estado de la infraestructura terrestre en todo el país.
Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México señaló que, para conseguirlo, se requiere una reingeniería financiera que bien podría conseguirse a través de una reforma fiscal, ya que los ingresos actuales del Estado están prácticamente comprometidos en programas sociales, pago de deuda, colocación de títulos e intereses ligados al desarrollo de los grandes proyectos de la administración que está en curso.
Indicó que dicha reforma debe darse de manera integral si se buscan resultados positivos, generar esquemas que incrementen la base de contribuyentes y fomenten competitividad, de lo contrario, si se incrementan solo impuestos para quienes ya son aportantes, el riesgo es aumentar aún más el índice de informalidad del país que al momento ya supera el 53 por ciento de la economía.
“Apostar a una reforma en la que se vuelva a presionar a quienes ya aportan trae consigo un riesgo muy alto, en términos de costo, de inflación y encarecimiento de la vida, pero además de generar presión en el mercado que ocasione que el índice de formalidad de las unidades económicas vaya aún más a la baja», aseguró el empresario.
Refirió que constitucionalmente ya se tiene comprometido el pago de los programas sociales que fueron ampliados en los últimos años por lo que una de las opciones es reducir el gasto operativo de la administración.
Para el sector económico la definición del paquete económico del siguiente año será una señal clara de si se tendrá o no una política económica integral que aumente la competitividad y grado de inversión del país.
