Es necesario que como organismos e instituciones especialistas en la tutela de la protección de los datos personales se impulse el análisis y la discusión de la importancia de contar con una legislación que contemple los derechos de las y los usuarios de entornos digitales, como los neuroderechos; así como los posibles riesgos ante un desarrollo poco ético de las tecnologías, comentó José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Al participar en el Panel “Reflexiones Respecto al Uso de Herramientas Digitales desde la Perspectiva de los Organismos Garantes”, en el marco del Primer Congreso Internacional “Protección de Datos Personales e Inteligencia Artificial”, el integrante de este organismo garante precisó que ante estos retos y desafíos, es esencial que se conserven y fortalezcan los organismos autónomos reguladores en la materia, tanto el nacional como los locales, pues su trabajo es fundamental para que exista una autoridad que vele por los derechos e intereses de las y los usuarios.
Añadió que ante la insuficiencia legislativa en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial y neuroderechos, los organismos autónomos deben configurarse de tal forma que puedan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Por lo que hizo un llamado a las autoridades legislativas a reconsiderar abrir un canal de diálogo que permita contribuir a la mejora y perfeccionamiento de estas instituciones.
Por su parte, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en su intervención en el Panel “Necesidades y Desafíos de la Regulación Normativa en el Campo Digital”, subrayó que ante el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías es muy complicado contar con una legislación que contemple todos los escenarios posibles, así como las acciones que puedan afectar los derechos de las y los usuarios. Sin embargo, es necesario que de manera constante se actualice el marco regulatorio y no dejarlo a periodos amplios, pues de no hacerlo, existirían muchos huecos legales que permitirían a los desarrolladores afectar de manera directa o indirecta a las personas, en el desarrollo y la operación de nuevas tecnologías.
Parra Noriega, quien es también Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) subrayó la necesidad de que los marcos regulatorios también avancen de una forma dinámica, a fin de que puedan adaptarse a los cambios tecnológicos;
Por último, argumentó que en el caso de la inteligencia artificial es necesario implementar y adaptar políticas que están siendo exitosas en otras regiones del mundo. En el caso de México, señaló, es importante que se actualice, pues debido a la antigüedad de la ley, no se contemplaron los escenarios que ahora se presentan con el desarrollo y uso de esta tecnología, por lo que precisó que este tipo de espacios son de gran ayuda para iniciar los procesos de discusión que son fundamentales para estas reformas, concluyó.
Cabe destacar que en estos paneles también participaron Rosalba Ivette Robinson Terán, Comisionada del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (Itait); Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX); María Gilda Segovia Chab, Comisionada Presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) y Ana Cristina García Nales, Comisionada de la Comisionada Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (Cegaip).
Además de Héctor Tinajero Muñoz, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; Alejandro Rocha Pedraza, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (Iacip); Diego García Ricci, Académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana e Investigador en la Protección de la Privacidad; y Javier Hernández Vargas, Docente de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle.
