En un hecho histórico y tras 35 años de abandono, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inició el rescate de inmuebles de la Administración Pública Estatal, con la entrega de 40 bienes que serán distribuidos entre la Fiscalía General de Justicia (FGJEM); la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); el Tribunal de Justicia Administrativa (TRIJAEM) y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM).
«Estas acciones son gracias al trabajo en equipo que nos permite generar acuerdos en beneficio del pueblo mexiquense, además de fortalecer a nuestras instituciones, lo hacemos como un compromiso y un acto de justicia para todos los que han servido a nuestro querido Estado de México», aseguró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
La FGJEM recibió 34 inmuebles, entre ellos, el Centro de Transferencias de Cadáveres en Jilotepec, la Fiscalía Regional de Naucalpan y la Ciudad Policial en Atizapán de Zaragoza.
Mientras que al TRIJAEM se le destinaron dos inmuebles que contribuirán a una administración pública transparente, eficiente y responsable. Como parte de estos inmuebles destaca también el otorgado al SUTEyM y tres para la Sedena.
La Mandataria estatal reconoció a Trinidad Franco Arpero, Titular de la Oficialía Mayor y a Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, por el trabajo de reordenamiento de los bienes e inmuebles que administra el Gobierno estatal, que,en algunos casos, tenían más de 35 años de abandono.
“Por eso yo agradezco mucho Maestra Trini, George y todos los que hicieron posible el que se lograra esto, que es una primera etapa, también lo quiero decir, porque vamos por más», expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En su oportunidad, Trinidad Franco Arpero, Oficial Mayor; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General; Gerardo Becker Ania, Magistrado Presidente del TRIJAEM; y Herminio Cahue Calderón, líder del SUTEYM agradecieron a la Mandataria estatal el apoyo para transformar al gobierno como nunca se había visto.
Resaltaron que la seguridad, el acceso a la justicia y una atención oportuna a la ciudadanía no pueden alcanzarse sin trasladar al marco de la legalidad los espacios físicos de trabajo para dar seguridad y fortaleza a las instituciones.
