La despenalización del aborto en el estado de México, hasta las 12 semanas de gestación, salda una deuda histórica con las mujeres mexiquenses, impulsada durante años por diferentes colectivos y organizaciones de la sociedad civil, destacaron integrantes de las bancadas parlamentarias de morena, PVEM, PT, MC, PRD y la diputada independiente.
En contra parte, integrantes de la bancada del Grupo Parlamentario del PAN, criticaron que se ignora que el embrión humano existe desde las primeras semanas de gestación; que no se atiende situaciones presupuestales, educación sexual o prevención de embarazo, y enfatizaron que la despenalización del aborto es una política fallida en otras entidades.
Como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura mexiquense, órgano legislativo impulsor de la iniciativa, la diputada Zaira Cedillo Silva (morena) recalcó que hubo suficiente debate a lo largo de al menos cinco legislaturas locales, por lo que la LXII Legislatura mexiquense resarce una deuda pendiente, que ha obligado a más de 72 mil mujeres a acudir a la Ciudad de México a ejercer un derecho que estaba prohibido en la entidad.
Aseguró que su aprobación es un paso para dejar de criminalizar a las mujeres y personas gestantes, y para garantizar la libre elección de la maternidad.
Tras reconocer la batalla en la materia, de diputadas de pasadas legislaturas y de los colectivos feministas, la parlamentaria Selina Trujillo Arizmendi (morena) calificó como un momento histórico esta reforma pues, indicó, que no es un tema menor ni aislado, es una respuesta urgente a una problemática estructural que afecta a todas, pero, sobre todo, a las más vulnerables.
Recalcó que es un acto de justicia social que garantiza que ninguna mexiquense sea tratada como una criminal por sus decisiones; que no se obliga a nadie a ejercer este derecho; y compartió que la bancada de morena defiende, por encima de cualquier ideología y creencia personal, los derechos humanos, no con un debate moral, sino con una acción de justicia, igualdad y salud.
Al afirmar que no es una decisión sencilla, sino un proceso cargado de sentimientos, dudas y un profundo dolor, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) puntualizó que el debate es sobre la libertad de las mujeres de decidir, y es una oportunidad histórica de garantizar sus derechos humanos y reproductivos.
Señaló que la penalización del aborto es una forma de violencia institucional, que discrimina y castiga a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, por ello su aprobación salda una deuda histórica, impulsada por muchos colectivos.
Enfatizó que no se promueve este procedimiento, sino que se brinda la garantía de que las mujeres tengan acceso al derecho humano, a la salud reproductiva y sexual, sin ser discriminadas, ni perseguidas.
Del PVEM, la legisladora Gloria Vanessa Linares Zetina dijo que buscarán construir un marco legal que respalde plenamente los derechos humanos y de las mujeres, en un entorno de igualdad, justicia y seguridad; y remarcó que la LXII Legislatura mexiquense será recordada como la que materializó el derecho que, mujeres, organizaciones, colectivas y sociedad civil, pelearon durante décadas.
Aceptó que se deberá acompañar presupuestalmente a la reforma, y adelantó que promoverán la atención a la salud física y emocional de las mujeres que deseen o no ejercer este derecho; el impulso a proyectos de vida de las mujeres, especialmente de aquellas que accedan a este procedimiento; así como acciones de prevención del embarazo y de paternidades responsables.
La parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC) calificó de histórica la reforma con la que se reivindica el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Enfatizó que las legisladoras son herederas de la lucha de movimientos feministas, a quienes realmente pertenece la victoria que representa la reforma; destacó que, con la integración paritaria de la LXII Legislatura, se ha podido “derribar muros, romper rocas y quitar patriarcados”, por ello, reconoció la coincidencia de parlamentarias de distintas fuerzas políticas, ideologías y generaciones.
Admitió que falta respaldar presupuestalmente a las instituciones de salud y prestar el servicio de manera gratuita, universal y de calidad; así como impulsar la orientación en salud sexual y reproductiva, particularmente en las zonas rurales, con la población indígena.
Al referir que es un día histórico para las mexiquenses, la parlamentaria Araceli Casasola Salazar (PRD) recordó la lucha de grupos feministas; y destacó que la reforma salva proyectos de vida de mujeres que no desean ser madres, aunque reconoció la necesidad de modificaciones para considerar a una persona a partir de la décima segunda semana de gestación, porque no se busca promover el aborto o la muerte.
La legisladora sin partido Paola Jiménez Hernández reconoció que se subsana el rezago legislativo y se garantizan los derechos de las mujeres, porque la despenalización es un acto de justicia social y una respuesta urgente y necesaria a una realidad que por décadas fue ignorada. Asimismo, afirmó que se trata de un tema de salud pública, pues, a nivel mundial, seis de cada diez embarazos no deseados son interrumpidos y de 2007 a 2024 (en la Ciudad de México) se realizaron este procedimiento 77 mil 160 mujeres mexiquenses.
Al exponer sus posturas en contra de la reforma, por la bancada del PAN, el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador parlamentario, criticó que la iniciativa ignora que el embrión humano existe desde las primeras semanas de gestación y presenta características de vida independiente.
En lugar de facilitar el aborto, puntualizó, se debe trabajar para eliminar las causas estructurales que perpetúan la violencia, la pobreza y la desigualdad entre las mujeres, y reprochó que la iniciativa no presenta una sola idea al respecto.
La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio afirmó que la despenalización genera más sufrimientos para las mujeres y sus familias, por ello pidió impulsar políticas públicas que apoyen a las mujeres vulnerables, fomentar la prevención del embarazo no deseado y la educación sexual integral.
La parlamentaria Krishna Karina Romero Velázquez solicitó privilegiar la defensa de la vida desde su concepción y proteger a la mujer, a la primera infancia y al núcleo familiar. Puntualizó que negar la humanidad del concebido es ignorar los avances científicos y el principio fundamental de la dignidad de la vida.
Compartió que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 45 por ciento de las mujeres que recurren al aborto lo hacen porque sienten que no tienen otra opción; y que, de acuerdo al periódico El Financiero, 53 por ciento de la población mexicana está en contra del aborto.
El diputado Anuar Roberto Azar Figueroa expresó su oposición basada en fundamentos de un análisis jurídico y ético, con los que afirmó que en ningún tratado internacional, ratificado por el Senado, se reconoce al aborto como un derecho humano, y que México prometió no promover el aborto como mecanismo de control natal.
Añadió que la acción de inconstitucionalidad 114/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró que el aborto debía incluirse como parte del derecho a la salud, no tiene efectos generales.
La legisladora Rocío Alexia Dávila Sánchez aseveró que la reforma no vislumbra una solución sustantiva y criticó la falta de educación sexual y de políticas públicas de calidad que garanticen la prevención de embarazos, y solicitó abordar la violencia sistémica, desde las circunstancias que a diario enfrentan las mujeres.
Finalmente, la parlamentaria Joanna Alejandra Felipe Torres puntualizó que no existe el derecho al aborto, pero sí existe el derecho a la vida, cuya protección se reconoce desde la concepción hasta la muerte natural; aseguró que el aborto sigue siendo un delito no punible, con excluyentes de responsabilidad, pero representa un acto u omisión criminal.
Reprochó que el aborto es una forma de violencia que transgrede la integridad y la vida de las mujeres y de las madres, y que elimina la vida del ser humano en la etapa de gestación. Compartió que actualmente hay evaluaciones suficientes para poder concluir que el aborto, como política pública, fue un rotundo fracaso.
