El oficialismo decidió extinguir media docena de órganos autónomos creados con la intención de generar un contrapeso. Los teóricos los definen como órganos “caracterizados por la competencia para ejercer en grado supremo un complejo de funciones públicas… (con) la idoneidad para frenar, controlar y equilibrar a los otros órganos con responsabilidades igualmente supremas… (en condiciones ) de igualdad e independencia”. También señalan que poseen (poseían) atribuciones propias, con funciones esenciales del Estado moderno y no están adscritos ni subordinados a otro poder del Estado.
Esos órganos autónomos creados a partir de la última década del siglo pasado —Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos— pasan a mejor vida. Al otro barrio. Estiran la pata. Se van al otro mundo.
Hay muchos que dicen que se trata de un retroceso. Y hay otros que festinan su fallecimiento.
Y acá, en tierras mexiquenses, ya el oficialismo —Morena, PT y Verde— apuntan en el mismo sentido: extinguir a organismos autónomos locales. Y especialmente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, conocido por sus siglas como Infoem.
Los argumentos son la corrupción, el ahorro o la simplificación administrativa. Y aunque las posibles consecuencias sean una menor vigilancia sobre el manejo de recursos públicos, obstáculos al ejercicio periodístico y una regresión en los derechos que la ciudadanía ha conquistado, lo cierto es que las propias instituciones se han erigido en los verdugos de las propias instituciones. La acusación de ser una “burocracia dorada” no es ajena a la realidad ni es nueva, tampoco los abusos en el ejercicio de los recursos públicos a su disposición para viajes o “gastos de representación”.
Tampoco es nuevo el cuestionamiento acerca de los resultados. De hecho, salvo alguna corrección informada, desde hace más de un año no hay un informe anual de actividades del Infoem —el más reciente y disponible, corresponde a mediados de 2023—. En ese informe, se da a conocer que de agosto de 2022 a julio de 2023, el Infoem recibió 69 mil 980 solicitudes de información, a razón de cinco mil 832 solicitudes mensuales o un promedio de 194 diarias… lo que para una población adulta de 13 millones es realmente una cifra ínfima.
La 4T ya tiene en la mira al Infoem. Ya lo hizo público. Y como impera aquello de “lo que hace la mano hace la tras”…
