El Congreso mexiquense aprobó, por unanimidad, la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que propone facultar a las personas imputadas por algún delito a solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, por sí mismas o por medio de su defensa legal, con lo cual el proceso terminaría de forma anticipada y se reducirían los gastos relacionados.
Por tratarse de una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, el proyecto de decreto correspondiente se remitió al Congreso de la Unión, conforme a las instrucciones del presidente de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, el diputado Maurilio Hernández González (morena).
Al exponer el dictamen de la iniciativa, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) puntualizó que la persona imputada podrá solicitar el procedimiento abreviado, siempre y cuando no exista oposición del ministerio público, pues, de ser el caso, esta autoridad deberá justificarlo. Además, resaltó que actualmente sólo el ministerio público tiene esta atribución.
Tras apuntar que durante el análisis de la propuesta se contó con la participación de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo, añadió que la impartición de justicia es un tema que debe importar a todas y todos, así como lograr que el sistema funcione de manera eficiente y equitativa.
De acuerdo con el dictamen, desde la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el procedimiento abreviado ha procurado ser una herramienta eficaz para la resolución anticipada de procesos penales, al permitir a la persona imputada aceptar su responsabilidad a cambio de ciertos beneficios, lo que facilita una justicia pronta y expedita, reduce la carga de trabajo en el sistema judicial, ofrece certeza tanto a la víctima como a la persona imputada y permite una terminación anticipada del proceso penal.
Añade que, con el procedimiento abreviado, la persona acusada acepta su responsabilidad y ser juzgada con base en los datos de prueba recabados en la investigación. Esto a partir de la acusación expuesta por la o el agente del Ministerio Público y escuchados los argumentos de las partes, para lo cual, el juez o jueza de control resuelve de fondo la controversia planteada, procediendo al dictado de la sentencia definitiva.
