Las actividades de auditoría y revisión que realizó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) en 2024 para analizar diferentes áreas de la administración pública estatal y municipal, han identificado múltiples observaciones que van desde irregularidades en la ejecución de proyectos hasta deficiencias en el cumplimiento de normas legales y de desempeño, esto, a través del análisis de las operaciones financieras y administrativas de los entes públicos.
Las observaciones más recurrentes en Inversión Física tienen que ver con la adjudicación indebida de contratos, la excepción inapropiada a la licitación pública y los montos superiores a lo establecido en los convenios. También se identificaron casos decontratación indebida y pagos por insumos no contratados o que no cumplían con las especificaciones acordadas. Además, hubo observaciones sobre obras no ejecutadas o que fueron fraccionadas, así como la falta de comprobación del gasto o de los procedimientos adquisitivos. Las inconsistencias en los expedientes técnicos de los programas y proyectos de inversiónfueron otro punto de preocupación, lo que podría comprometer la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
Mientras que en términos de legalidad, se destacó la ausencia de políticas y normas administrativas claras en varias entidades, lo que generó deficiencias en la integración y operación de los Comités de Adquisiciones y Servicios. La inexistencia de un Programa Anual de Adquisiciones y la falta de cumplimiento en su ejecución fueron otras observaciones frecuentes. También se identificaron incumplimientos en el procedimiento de adquisiciones y arrendamientos, especialmente cuando se realizaron bajo la modalidad de adjudicación directa sin cumplir con las normativas establecidas.
En cuanto al desempeño de las entidades públicas, las auditorías revelaron una ausencia de metas claras y medibles en varias actividades sustantivas, así como la carencia de procedimientos operativos normativos. También se observó una falta de evidencia documental que acredite la ejecución de procedimientos, y la ausencia de mecanismos de supervisión para medir el impacto de programas de importancia social, como los dirigidos a la cultura física. La falta de métodos para evaluar la cobertura de atención y la carencia de indicadores de resultados también fueron factores señalados en los informes.
Entre los principales resultados encontrados en el análisis de la información presupuestaria, los auditores encontraron desajustes entre los montos reportados por los municipios y sus organismos descentralizados, lo que dificultó la correcta conciliación de ingresos y egresos. En el ámbito financiero, se evidenció la falta de armonización en las cifras reportadas en los documentos financieros y el incumplimiento de las normativas contables, lo que afecta la transparencia y la rendición de cuentas.
En la deuda pública, se detectaron financiamientos no inscritos en los registros públicos correspondientes y errores en los registros contables de los financiamientos contratados. En el área de remuneraciones, se identificaron pagos no autorizados para plazas por categorías no incluidas en el tabulador de sueldos vigente, así como incrementos en los servicios personales por encima de lo permitido por la Ley de Disciplina Financiera.
El Osfem también destacó la omisión en el pago de aportaciones al Sistema de Administración Tributaria y diferencias en los cálculos del Fideicomiso Público para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (Fipasahem). Además, se identificaron deficiencias en la retención de pagos por concepto de seguridad social y ampliaciones no permitidas al presupuesto de los servicios personales.
Cabe señalar que tras la realización del Plan Anual de Auditorías de 2024, los entes fiscalizables deben realizar las aclaraciones correspondientes a las observaciones realizadas, y de no hacerlo, iniciará una investigación por parte del Órgano fiscalizador, ante las deficiencias estructurales como prácticas irregulares que requieren ser corregidas para garantizar una correcta administración pública y el uso eficiente de los recursos públicos.
