Tras la serie de visitas y denuncias por parte de propietarios de barberías y estéticas, por las inspecciones que se realizaron durante los días pasados como parte del operativo Atarraya y en los cuales se realizaron procedimientos irregulares, el Patronato Pro Centro Histórico de Toluca solicitó una investigación a profundidad sobre el actuar de las autoridades de la Fiscalía de Justicia y la redefinición de los procedimientos aplicados.
Verónica Valdés, Presidenta del Patronato, Procentro Histórico de Toluca señaló que de inicio se había planteado que serían centros que presumiblemente estén ligados a la delincuencia o en los cuales se venden sustancias prohibidas o adulteradas, sin embargo, esto ha derivado en abusos de la autoridad para negocios formalmente establecidos.
La líder de los comerciantes en el Valle De Toluca señaló que se ha hecho un llamado para que las inspecciones sean colegiadas, y en las cuales puedan participar otras instancias como la Comisión de Derechos Humanos, autoridades en materia de Desarrollo Económico y una representación empresarial con el objetivo de evitar abusos en dichos recorridos.
El Operativo Atarraya fue respaldado por los empresarios desde su inicio por considerarlo necesario para guardar el orden y la legalidad de los procedimientos y evitar que las personas sean víctimas de la delincuencia al asistir a centros de consumo y entretenimiento, sin embargo, se ha desvirtuado dicho objetivo.
Aseguró que al momento el sector económico formal tiene una sobrerregulación que ha sido señalada desde hace varios años y, por el contrario, no se ven acciones contundentes para aquellos que realizan actividades comerciales en la informalidad y sin ningún tipo de inspección, por parte de las autoridades en materia de seguridad, Proteccion Civil, sanidad, entre otros, por lo que nuevamente se hizo un llamado a establecer un piso parejo para el sector económico que contribuye al desarrollo del Estado.
Verónica Valdés refirió que de inicio el operativo visitó establecimientos sospechosos, pero también, restaurantes y cafeterías en las cuales no había indicios de alguna actividad irregular, e incluso se conoció de algunos que fueron alertados para permanecer cerrados cuando el operativo se llevará a cabo.
Finalmente explicó que el sector está a favor de aquellas medidas que salvaguarde la integridad y la certeza jurídica de ciudadanos y empresarios, pero la aplicación debe darse en extricto cumplimiento a la legalidad con el objetivo de evitar que se sigan presentando abusos en la materia
