Este miércoles 28 de mayo concluye oficialmente el periodo de campañas del proceso electoral judicial 2025 en el Estado de México, un hecho inédito que marcará el rumbo de la impartición de justicia en la entidad. Entre quienes buscan encabezar esta transformación se encuentra Marco Antonio Nava y Navas, aspirante a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (boleta rosa número 10) y también a magistrado por la región Toluca (boleta verde número 38), quien cierra campaña tras semanas de recorrido territorial en calles, colonias y municipios, llevando sus propuestas de manera directa a los mexiquenses.
Nava y Navas ha recogido inquietudes ciudadanas y compartido un proyecto claro: emprender una reingeniería profunda del Poder Judicial, tanto en su estructura como en sus funciones, con un enfoque centrado en la eficiencia, la capacitación del personal y el acceso efectivo a la justicia.
Con una trayectoria que incluye cargos en el ámbito municipal, estatal y judicial —desde auxiliar en la Junta de Conciliación y Arbitraje hasta secretario del Trabajo y magistrado en salas civiles y administrativas—, Nava y Navas ha consolidado una visión integral de lo que necesita la justicia mexiquense.
Uno de los ejes centrales de su propuesta es la capacitación continua del personal jurisdiccional. “No basta con estudios de posgrado desvinculados de la práctica diaria. Lo que se requiere es formación constante dentro de los juzgados, con evaluación permanente y acompañamiento real”, afirma. En ese sentido, propone deslindar al Poder Judicial de los estudios de posgrado de la Escuela Judicial, al considerar que no responden a las verdaderas necesidades de la función jurisdiccional.
Para Nava y Navas, también es urgente modernizar los espacios judiciales y reubicar los tribunales laborales en instalaciones más dignas y accesibles para trabajadores y usuarios. “La infraestructura no puede seguir diseñada para comodidad administrativa; tiene que servir a quienes acuden a litigar o resolver un conflicto. Los edificios deben ser prácticos y funcionales”.
En esa misma línea, plantea una reingeniería del uso de inmuebles y una redistribución adecuada de recursos humanos y materiales, priorizando la función jurisdiccional. “Muchos recursos se concentran en áreas que no resuelven conflictos; hay que reencauzar la estructura hacia donde realmente se imparten sentencias”, añade.
Otro de los pilares de su propuesta es la implementación de medidas para agilizar los procesos y garantizar transparencia, como el establecimiento de criterios de interpretación de observancia obligatoria para evitar contradicciones y fortalecer la seguridad jurídica. Además, insiste en la necesidad de implementar en los juzgados la figura del secretario proyectista, para que el juzgador pueda concentrarse en orientar con mayor celeridad los asuntos bajo su competencia.
Entre sus propuestas también destaca la creación de áreas de mediación en cada juzgado y el fortalecimiento de la mediación previa al litigio, reorientando las actividades del Centro de Mediación para que actúe antes de que estalle el conflicto legal.
En lo laboral, Nava y Navas ha sido enfático en que deben respetarse los derechos de los servidores públicos y que debe impulsarse una política de salarios dignos para todas las categorías vinculadas con la función jurisdiccional. “No se puede pedir excelencia si no se reconocen las condiciones laborales mínimas para trabajar con dignidad”, asegura.
Su visión se resume en una frase que repite con convicción: “La justicia no es retórica, es servicio. Y el servicio necesita orden, compromiso y estructura”. Por eso, ha llamado a todos los operadores judiciales, académicos, trabajadores del poder y ciudadanos en general a participar activamente en esta elección histórica, con el compromiso de apoyar un proyecto con experiencia y visión.
