El diputado Octavio Martínez Vargas exige la investigación de un probable desvío de recursos públicos en el Tribunal de Justicia Administrativa.
La tarde de este miércoles, se llevó a cabo la Diputación Permanente en el Congreso del Poder Legislativo donde el diputado del grupo parlamentario de Morena Octavio Martínez Vargas, dio a conocer un probable desvío de recursos por parte del Tribunal de Justicia Administrativa.
Aclaró que desde las dispersiones de recursos por 32 millones de pesos el 1 de diciembre del año 2023, no se ha dado una solución. Agregando que fue hasta el 4 de diciembre del mismo año que el magistrado Gerardo Becker presentó una denuncia, alegando que el tribunal había sido víctima de un hackeo. 20 meses después, la Fiscalía del estado de México ha iniciado un procedimiento por abuso de confianza contra un servidor público llamado Omar N, pero aún no se investiga el destino ni quién lo autorizó.
El diputado detalló, de acuerdo con los protocolos bancarios, estas transferencias electrónicas requieren estrictas medidas de autorización incluyendo el uso de token para validar las operaciones, registrar RFC, el número de cuenta bancaria, nombre de titular o titulares de cuenta, teléfono del destinatario, correo electrónico, constancia de situación fiscal y la institución bancaria.
“¿Qué se requiere para hacer una dispersión? Fíjense bien, dependiendo de la institución bancaria, pero cuando uno hace una dispersión, una transferencia electrónica vía token, primero quien la puede hacer única y exclusivamente es quien está autorizado para ello”.
Finalmente, recuerda que el combate a la corrupción es el eje fundamental del plan de desarrollo estatal, en concordancia con los compromisos con la gobernadora del estado de México. La exigencia es clara: justicia y rendición de cuentas para las y los responsables de este presunto robo de 32 millones de pesos.
“Si no hay justicia en el robo de 32 millones de pesos del tribunal y ya van 20 meses que José Luis Cervantes no investiga, no judicializa, no solicita órdenes de aprehensión, eventualmente desafueros contra magistrados, estará pendiente en nuestro estado”, concluyó.
