El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC), coordinado por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, presentó una iniciativa para crear la Procuraduría de Protección y Atención a Adultos Mayores de la entidad, instancia especializada que sustituirá a la actual Coordinación de Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).
La iniciativa, expuesta por la diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC), señala que el objetivo es brindar atención jurídica, psicosocial, médica y gerontológica, así como garantizar que las y los adultos mayores reciban apoyo inmediato en casos de violencia física, sexual, psicológica, económica o patrimonial.
Con reformas a la Ley de las Personas Adultas Mayores estatal, se busca que esta procuraduría brinde asesoría y representación legal en procedimientos judiciales y administrativos; dé seguimiento a planes de restitución de derechos y medidas de protección; y solicite acciones urgentes ante situaciones de riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad.
Asimismo, tendrá facultades para verificar y denunciar casos de abandono, maltrato, despojo patrimonial o cualquier forma de violencia; fungir como mediadora en conflictos familiares (salvo en casos de violencia); detectar y atender condiciones de vulnerabilidad, incluidas las de personas adultas mayores en situación de calle; y coordinarse con autoridades estatales, municipales y federales para garantizar una atención integral.
La propuesta también establece que la nueva procuraduría será dependiente del DIFEM y tendrá como objetivo la protección integral y restitución de derechos de las personas adultas mayores, coordinando y ejecutando medidas de protección en conjunto con autoridades de asistencia social, salud, educación, cultura, deporte y demás instancias necesarias.
De aprobarse, este organismo contará con representaciones regionales y coordinará a las procuradurías municipales, que fungirán como autoridades de primer contacto
Para ello, deberán disponer de un equipo multidisciplinario integrado por personal de abogacía, psicología, trabajo social y medicina, con titulación y cédula, además de profesionistas en derecho y psicología que actúen como suplentes y coadyuvantes en procedimientos civiles, penales y familiares.
En el caso del Estado de México, este sector alcanzó 1.9 millones de habitantes en 2020, es decir, más del 11 por ciento de la población estatal, según datos del Consejo Estatal de Población.
