Japón, Estados Unidos, Brunéi, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá Malasia, México, Perú, y Vietnam firmaron el pasado 5 de octubre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica del cual se sabe aún poco pero ha despertado protestas en distintos países por los importantes cambios que se espera traiga a sus economías.
En Canadá, gobiernos de algunas provincias se han manifestado en contra del ATP por los potenciales impactos sobre los productores de leche. En Tokio hubo protestas por los riesgos que implica este Acuerdo para las políticas de salud ya que se espera que las industrias farmacéuticas tomen mayor control sobre los sistemas de salud en los países firmantes. En Estados Unidos la Secretaria de Estado Hillary Clinton se pronunció en contra de la firma por todos los potenciales problemas que puede traer a la economía y sociedad de ese país.
Uno de los aspectos más importantes de este Acuerdo es la poca información pública sobre su negociación durante más de cinco años y la poca claridad que existe de sus posibles consecuencias para el medio ambiente, los recursos naturales, los sectores económicos y los habitantes de los doce países firmantes.
Para el caso mexicano son muy inciertos los beneficios y riesgos que implica este nuevo acuerdo comercial y seguramente en los próximos meses, y en contra de quienes han mantenido las negociaciones en total secretismo, se irán publicando análisis que ayudarán a prever de mejor forma sus impactos.
Algunas de las industrias en México que se presume podrían verse beneficiadas por este tratado son las de maquinaria y electrónicos, aeroespacial, productos químicos, cosméticos y algunas ramas de la industria agropecuaria.ii Sin embargo, desde ahora ya se prevén serios problemas para algunas actividades primarias en México y todos los análisis apuntan a que los productores del campo se verán fuertemente afectados si no incrementan rápidamente sus niveles de competitividad.
Surgen preguntas sobre cómo los campesinos verán transformada su realidad y cuáles serán las consecuencias del modelo de desarrollo que el gobierno está promoviendo para las extensas áreas rurales del país. ¿Quieren seguir generando empleo en maquiladoras e industrias extranjeras instaladas en México para que las personas sigan migrando a los polos de crecimiento económico como la frontera norte o el bajío? ¿Este tipo de empleo realmente contribuye a reducir la pobreza y construir una sociedad mejor estructurada, más sana? ¿Cuáles son los costos sociales de este tipo de políticas económicas y cuáles en especial son las repercusiones en las regiones campesinas?
